El 1 de agosto, cuando la mayoría de los más de 70.000 migrantes que habían entrado ilegalmente en Ceuta comenzaron a regresar voluntariamente a sus países de origen, el presidente Pedro Sánchez expresó alivio y satisfacción con sus ministros.
Sánchez creyó inicialmente haber resuelto la crisis en las primeras 48 horas, ya que la mayoría de los migrantes abandonaron Ceuta a través de la frontera de regreso a Marruecos. Con el apoyo de sus colegas, decidió no hacer apariciones públicas después de visitar la ciudad durante unas horas para condenar la violación de la integridad territorial de España. Sin embargo, subestimó la gravedad de la situación. En cuestión de días, miles de migrantes, aproximadamente 6.000 según Juan Jesús Vivas, optaron por permanecer en Ceuta, mientras que alrededor de dos mil menores esperaban la reunificación familiar. Cuando Sánchez regresó a Madrid, la crisis permaneció sin resolver, y el daño político era evidente.
Los críticos dentro del PSOE argumentan que el gobierno no anticipó la escala de la crisis y respondió de manera inadecuada. Un observador bien informado de las relaciones hispano-marroquíes señaló que la falta de preparación del gobierno condujo a una humillación nacional. Las autoridades marroquíes, aunque no directamente responsables, fueron criticadas por no prevenir la afluencia, lo que expuso la incapacidad de España para asegurar sus fronteras. Este fracaso, dicen, ha socavado la imagen del país y planteado dudas sobre la competencia del liderazgo.
El incidente también ha tensado las relaciones diplomáticas, particularmente con el rey Mohammed VI, cuyo reino enfrenta problemas internos y dificultades económicas, haciendo que el flujo migratorio sea un tema delicado. Dentro del PSOE, una sensación de conmoción e incertidumbre se ha extendido entre los líderes del partido. Muchos cuestionan la ausencia de una estrategia clara y la falta de acción decisiva. Algunos acusan al gobierno de no convocar una reunión de emergencia que involucre a figuras clave como el ministro de Defensa Félix Bóveda. Otros enfatizan el impacto emocional en los residentes de Ceuta, que se sienten abandonados por el estado.
El 8 de julio, el Tribunal Supremo dictaminó que la llamada política de "retornos calientes", en la que los migrantes interceptados en el mar son devueltos a Marruecos, solo podía aplicarse a aquellos que intentaban cruzar ilegalmente.
Las redes sociales amplificaron este efecto, con los migrantes compartiendo su éxito en línea, lo que llevó a un aumento en las llegadas entre el 12 y el 26 de julio. Más de mil nadadores llegaron a la ciudad durante este período, muchos de ellos menores no acompañados que carecían de la documentación adecuada. A pesar de la conciencia de la creciente crisis, el gobierno hizo poco para abordar el problema. Según informes de Cadena Ser, el Ministerio del Interior reconoció la posibilidad de una situación crítica en el centro CETI y advirtió que el fenómeno continuaría. La administración incluso consideró desplegar barreras marítimas para evitar más cruces, pero estas medidas no se implementaron antes de la llegada masiva.
El 27 de julio, después de que tres cuerpos fueron recuperados del mar, los funcionarios convocaron una reunión urgente y pidieron una respuesta inmediata. Sin embargo, la falta de coordinación y recursos significó que la ciudad luchó para manejar la afluencia de manera efectiva. A medida que la situación continúa desarrollándose, las ramificaciones políticas se vuelven más severas. La negligencia percibida del gobierno ha alimentado el descontento público y profundizado las divisiones dentro del partido gobernante. La crisis se ha convertido en un símbolo de mala gestión y un desafío a la legitimidad de la administración actual.
Sin una solución clara a la vista, la presión sobre Sánchez y su equipo para dar respuestas, y para restaurar la confianza en su capacidad para manejar tales crisis, nunca ha sido mayor.
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