Un tribunal sirio ha condenado a muerte al ex presidente Bashar al-Assad en su ausencia, acusándolo de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El fallo marca el primer juicio legal contra Assad, que huyó a Rusia después de ser derrocado en diciembre de 2024. Junto a Assad, su primo Atef Najib también fue condenado a muerte por presuntas atrocidades cometidas durante el conflicto sirio de larga duración. Najib compareció ante el tribunal y fue declarado culpable de asesinato premeditado, tortura que resultó en la muerte y detención arbitraria.
El juicio tuvo lugar ante el Cuarto Tribunal Penal de Damasco, que se estableció específicamente para manejar casos relacionados con la guerra civil de 14 años bajo el gobierno de Assad. Esta es la primera vez que tales juicios se llevan a cabo en el país en lugar de en el extranjero, donde procedimientos similares se habían llevado a cabo anteriormente en países como Alemania y Francia. El objetivo de estos juicios es documentar quién emitió las órdenes, quién llevó a cabo la tortura y dónde se encuentran las fosas comunes. También tiene la intención de proporcionar justicia a las víctimas dentro de Siria y establecer el estado de derecho en el nuevo orden político del país.
Los cargos contra Assad incluyen asesinato deliberado, tortura, arresto arbitrario y crímenes contra la humanidad. Su hermano Mahir al-Assad también fue sentenciado a muerte en ausencia por asesinato premeditado y tortura que condujo a la muerte. Se cree que ambos hombres viven actualmente en el exilio en Moscú, donde Rusia se ha negado a extraditarlos. A pesar de la sentencia formal, parece haber pocas posibilidades de que se lleve a cabo la pena de muerte, dado su estatus actual fuera de Siria. El veredicto fue anunciado en vivo por la televisión estatal siria, y multitudes se reunieron fuera del juzgado en Damasco.
El juicio contra Assad y su círculo íntimo se abrió en abril de este año, como parte de un esfuerzo más amplio por parte del nuevo liderazgo de Siria para responsabilizar a los responsables de la violencia y la represión bajo su régimen. La guerra civil, que duró desde 2011 hasta la expulsión de Assad a fines de 2024, resultó en más de medio millón de muertes. El conflicto también devastó la infraestructura del país y provocó un desplazamiento masivo, con millones de personas que huyeron a países vecinos como el Líbano y más allá en Europa.
La guerra estuvo marcada por extensos abusos de derechos humanos, incluyendo asesinatos masivos sistemáticos, tortura y detenciones arbitrarias. Muchos de estos actos fueron atribuidos al gobierno de Assad, aunque los críticos argumentan que otros grupos armados, incluyendo facciones yihadistas y milicias rebeldes, también han cometido graves violaciones que permanecen sin abordar en estos juicios. El establecimiento de la Cuarta Corte Penal representa un cambio significativo en el panorama judicial de Siria. Sin embargo, siguen existiendo desafíos, particularmente con respecto a la falta de un poder judicial independiente con marcos legales modernos.
Muchos jueces y fiscales tienen una experiencia limitada en el manejo de crímenes internacionales complejos, lo que plantea preocupaciones sobre la imparcialidad y legitimidad de los procedimientos. Los críticos sugieren que los juicios pueden servir más como un gesto simbólico para apaciguar a las audiencias nacionales o socios internacionales en lugar de entregar una justicia genuina. Señalan que las acciones de otros grupos armados, incluidas las organizaciones extremistas, no se han examinado completamente en estos procedimientos. Además, la ejecución práctica de las sentencias de muerte contra Assad y otros parece altamente improbable, dado su refugio actual en Rusia y la falta de presión internacional para su extradición.
El presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, quien dirige el gobierno de transición, ha enfatizado la necesidad de abordar las quejas del pasado y construir un sistema legal funcional. Sin embargo, la efectividad de estos juicios para lograr una paz y una reconciliación duraderas sigue siendo incierta. A medida que continúe el proceso, es probable que la atención se centre en si la nueva administración puede establecer instituciones creíbles capaces de brindar verdadera justicia a las víctimas del conflicto.
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