El tribunal superior de Hong Kong ha condenado a dos organizadores de vigilias anuales conmemorativas de la represión de las protestas pro-democracia de 1989 en Beijing, marcando otra escalada en el control más estricto de la ciudad sobre la disidencia. Chow Hang-tung, de 41 años, y Lee Cheuk-yan, de 69 años, fueron declarados culpables de "incitación a la subversión" bajo la ley de seguridad nacional de Hong Kong. El veredicto fue dictado por el tribunal superior de la ciudad, que dictaminó que los activistas habían alentado a otros a participar en actividades ilegales destinadas a socavar la autoridad estatal.
Durante el juicio, Chow y Lee negaron los cargos, argumentando que su llamado a un "cambio democrático" no excluía el liderazgo del Partido Comunista. Mantenían que sus esfuerzos eran no violentos y tenían como objetivo una reforma pacífica en lugar de desestabilizar el gobierno. Un tercer acusado, el ex legislador de 74 años Albert Ho, se declaró culpable a principios de este año, lo que probablemente condujera a una sentencia reducida.
La condena se produce en medio de las crecientes tensiones políticas en Hong Kong, donde las reuniones públicas han sido cada vez más restringidas desde la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en 2020.
Alemania y Francia condenaron conjuntamente el fallo, expresando profunda preocupación por las implicaciones para los derechos humanos y las libertades democráticas en Hong Kong. En una declaración compartida, los gobiernos de Berlín y París pidieron la liberación inmediata de Chow, quien recibió el Premio Franco-Alemán por los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en 2023. La Unión Europea también instó a las autoridades de Hong Kong a preservar el espacio para la sociedad civil independiente y garantizar la libertad de expresión y reunión.
Urania Chiu, de la Universidad de Oxford Brookes, dijo a la AFP que el fallo envía un mensaje escalofriante a la sociedad civil de Hong Kong, señalando que incluso las críticas pacíficas al estado ya no se toleran. La decisión refleja un patrón más amplio de creciente represión contra las voces pro-democracia, con muchas figuras prominentes que enfrentan enjuiciamiento o desaparición forzada desde la implementación de la ley de seguridad.
El caso también destaca el creciente escrutinio internacional del sistema judicial de Hong Kong, particularmente con respecto a su independencia y adherencia al debido proceso. Mientras que el gobierno chino sostiene que la ley es necesaria para salvaguardar la estabilidad, los críticos argumentan que se ha utilizado para silenciar a la oposición y suprimir la libertad de expresión. Las convicciones de Chow y Lee subrayan los riesgos que enfrentan los activistas que desafían el status quo, reforzando los temores de que la autonomía de Hong Kong se está erosionando constantemente bajo la influencia de Beijing.
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