El gobierno chileno ha aprobado la propuesta legislativa de "Antibarricadas 2.0", que tiene como objetivo criminalizar la obstrucción de las rutas de transporte público. La iniciativa fue presentada por el ejecutivo a mediados de agosto y pasó por el Comité de Seguridad de la Cámara de Diputados con siete votos a favor, cinco en contra y una abstención. La ley modificaría el artículo 268 septies del Código Penal para penalizar a las personas que bloquean o dificultan los servicios de transporte público, tanto de pasajeros como de carga, sin autorización. Define varios métodos de obstrucción, incluida la colocación de obstáculos, la entrada no autorizada en zonas de tráfico, el bloqueo de vehículos y la manipulación del sistema. La medida excluye las interrupciones causadas por accidentes o fallas mecánicas. El ministro de Seguridad Pública, Martin Arrau, elogió la aprobación, enfatizando la importancia de proteger el derecho de los ciudadanos a viajar libremente a través del transporte público.
Lectura del sesgo (Centro): Si bien la legislación aborda una cuestión controvertida relacionada con la seguridad y el orden públicos, el artículo presenta la posición del gobierno y el resultado de la votación sin promover abiertamente a ninguno de los dos lados.




