El Senado de Chile aprobó un proyecto de ley destinado a racionalizar el proceso de expulsión administrativa para los extranjeros indocumentados. La ley otorga a la Policía Nacional (PDI) la autoridad para ingresar a las propiedades donde residen las personas con órdenes de deportación activas, siempre que obtengan la aprobación judicial dentro de las 24 horas. Este cambio se realizó después de resolver los desacuerdos entre la Cámara de Diputados y los Senadores, ya que la versión original permitía al Subsecretario del Interior autorizar tales entradas, postergando la revisión judicial a una etapa posterior. La iniciativa también facilita la localización de personas sujetas a procedimientos migratorios al permitir que el Servicio Nacional de Migración solicite datos personales a ciudadanos privados, empresas y funcionarios públicos. Además, reduce el tiempo para que las personas afectadas apelen las decisiones y extiende la prohibición de reingreso para los extranjeros expulsados de tres a cinco años. El proyecto de ley fue introducido inicialmente durante la administración del ex presidente Gabriel Boric y refinado aún más bajo el gobierno actual liderado por el presidente José Antonio Kast.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta el proceso legislativo y el contenido del proyecto de ley de manera neutral, citando a ambos partidarios y proporcionando información de fondo sin favorecer abiertamente a ningún lado político. Incluye perspectivas de diferentes senadores, pero no exhibe un lenguaje sesgado o una fuente selectiva.





