PNV y Junts han avanzado que apoyarán al decreto ley que actualiza las entregas a cuenta de las comunidades autónomas para el año 2026, que ascenderán hasta los 157.731 millones de euros y que permitirá a los ayuntamientos destinar parte de su superávit a vivienda.
El mismo diputado de Junts que ayer pidió al Gobierno que disolviese las Cortes y convocase elecciones ha defendido este jueves el 'sí' a la convalidación y ha asegurado que la ley se ha rebautizado como “Real Decreto Junts” porque incluye las medidas en materia de financiación autonómica y local que la formación pidió a Pedro Sánchez. “Podemos asegurar que este real decreto con nuestras medidas supondrá una buena oportunidad para los Ayuntamientos. Hoy se aprueba nuestro real decreto a favor de los ciudadanos y los catalanes. No pretendan hacer ver que es un éxito del Gobierno, ustedes saben que no lo es. También saben que con su debilidad actual no les queda otra opción que convocar elecciones”, ha dicho Josep María Cruset.
Durante el debate de la ley en el Congreso, la portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, también ha avanzado el apoyo de su grupo al texto por “responsabilidad” con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Además de dichas entregas, la propuesta también permite a las entidades locales que tengan superávit presupuestario en 2025 gastarlo en inversiones financieramente sostenibles. A la cifra de las entregas a cuenta se le suma también la previsión de liquidación de 2024, por lo que la financiación total que recibirían las comunidades autónomas en 2026 alcanzaría los 170.300 millones, un 7,7% más que el ejercicio anterior.
El decreto también va destinado a las entregas a cuenta a entidades locales, que ascienden a 29.247 millones, un 8,8% más que el ejercicio pasado.
Sobre el superávit, los ayuntamientos podrán destinar parte de sus recursos del año 2025 a determinadas inversiones sin que compute a efectos de regla de gasto. Esto puede ir a inversiones en el alcantarillado, industria, energía, comercio, protección civil, infraestructuras, entre otras. Esta medida, según Hacienda, puede afectar a más de 2.540 entidades locales con un volumen de recursos de 3.000 millones de euros.
Del mismo modo, se ha habilitado un régimen excepcional para que, en el caso de que los ayuntamientos reciban ese remanente que tienen, destinarlo a políticas de vivienda que se lo puedan gastar en los cuatro años siguientes.
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