To lose is to gain a little

Pocas democracias toleran tanto como la nuestra. Cualquiera de los 90 escándalos de la administración actual enlistados por el periódico El Colombiano hubiese afectado mucho más a otro mandatario latinoamericano; en nuestro caso, la suma de todos ellos ha pasado desapercibida para poco menos de la mitad de los ciudadanos. Tampoco han generado consecuencias reales las múltiples denuncias en los organismos de control. Nunca sufrió un proceso con efectos parecidos a la vacancia en Perú, la muerte cruzada en Ecuador o el impeachment en Brasil. La capacidad de supervivencia del Gobierno de Gustavo Petro no solo comprueba su teflón político, sino la extrema concentración de poder en la figura del presidente.

La deficiente gestión pública del jefe de Estado ha pasado sin mayores costos políticos entre buena parte de sus bases electorales, que desconocen la crisis de la salud, la inexistente estrategia de seguridad o el infantil manejo del gasto público y las tasas de endeudamiento. Ese fenómeno no se debería subestimar simplificándolo a fanatismo; por el contrario, debe ser objeto de análisis tanto para el ciudadano como para el próximo inquilino de la Casa de Nariño.

Reducir el fenómeno Petro a una sucesión de escándalos y errores de desempeño sería una simplificación tan cómoda como equivocada. En su paso por el Congreso, destacó por sus debates de control político; fue su faceta más contributiva para la democracia colombiana. Logró identificar algunos de los males ocultos del país, intentó resolverlos sin éxito desde la presidencia e inclusive los agudizó, pero no por sus formas debemos desatender el fondo.

Sí, el sistema de salud era bueno y Petro no debió desfinanciarlo ni intervenirlo con el estilo confrontacional que lo caracteriza, pero es indudable que la integración vertical, el mal cálculo de la Unidad de Pago por Capitación o la ausencia de un esquema robusto de medicina preventiva eran cuestiones que requerían corregirse para contribuir a la sostenibilidad, mitigar la corrupción y equilibrar la posición dominante de las EPS en el sector salud.

También es cierto que las 100.000 viviendas de Vargas Lleras constituyen un hito histórico de ejecución que dio paso al exitoso programa Mi Casa Ya, fortalecido posteriormente por Duque, y que la actual administración nunca debió desfinanciarlo ni suspenderlo. Era legítimo preguntarse, sin embargo, por qué una proporción tan significativa de los subsidios terminó beneficiando a unas pocas grandes constructoras, dejando escaso espacio para las pequeñas y medianas empresas del sector, mientras la mayor parte de los proyectos se concentró en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla, donde las condiciones del mercado resultaban más atractivas para los desarrolladores, en contraste con territorios de profundas necesidades habitacionales como Tumaco, Barrancabermeja y Quibdó.

Del mismo modo, algunas concesiones viales facilitaban condiciones ventajosas para el concesionario frente al Estado, trasladando a los usuarios el costo de decisiones contractuales mal estructuradas; sin embargo, Petro no debió actuar con revanchismo por medio de la política de peajes en 2023, sino proceder con prudencia en la renegociación de los acuerdos suscritos.

Asimismo, puso sobre la mesa el debate sobre el sistema portuario colombiano. Cuestionó las prórrogas de algunas concesiones, la forma en que se han administrado terminales estratégicas y los beneficios obtenidos por determinados operadores privados durante décadas. Casos como el Muelle 13 de Buenaventura, las concesiones próximas a vencer en Barranquilla y Coveñas, así como la administración de varios puertos marítimos, reabrieron una discusión legítima sobre si el Estado está recibiendo una contraprestación adecuada por el uso de activos públicos. Pese a ello, más allá de los cuestionamientos, el país sigue esperando una política portuaria que fortalezca la competitividad, atraiga inversión y preserve la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de la infraestructura logística.

Algo similar ocurrió con el mercado energético. Petro insistió en que la formación de las tarifas eléctricas favorecía excesivamente a ciertos agentes del sector, cuestionó el papel de algunas generadoras, comercializadoras y operadores del mercado como XM, promovió cambios regulatorios a través de la CREG y denunció que millones de usuarios estaban asumiendo costos injustificados, especialmente en la Costa Caribe.

Aunque muchas de sus afirmaciones fueron controvertidas y varias de sus medidas generaron preocupación entre inversionistas y gremios como Acolgen y Andeg, sí logró poner en discusión asuntos de fondo relacionados con la concentración del mercado, la volatilidad de los precios, el diseño de la Bolsa de Energía y la necesidad de revisar algunos incentivos existentes en el sector eléctrico colombiano.

Y sí, puede ser razonable que la redistribución de tierras improductivas fuera una deuda histórica con los desplazados por la violencia, pero de n…