La Misión de Observación Electoral (MOE) en Bogotá y Antioquia advirtió que, a través de su plataforma Pilas con el Voto, ha recibido 40 denuncias en todo el país por presuntas presiones laborales dirigidas a influir en las decisiones electorales de los trabajadores.
Los reportes incluyen amenazas de despidos, restricciones para votar e incluso incentivos para frenar la participación democrática.
“Recordamos que la subordinación laboral, tanto en el sector privado como en el sector público, no otorga a los empleadores ni a los superiores jerárquicos facultad alguna para intervenir en las convicciones políticas de su personal”, mencionó Aura Rodríguez, coordinadora de la misión en Bogotá.
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¿Le ha pasado? Estas son las típicas prácticas. La MOE identificó cuatro formas recurrentes, tanto en el sector público como en el privado, para influir en el voto de trabajadores y contratistas:
Usar una narrativa apocalíptica en la que advierten que habrá despidos, recortes o hasta el cierre de la empresa si gana determinado candidato
Dificultar o negar autorizaciones para salir a votar. En otras palabras: ponerle obstáculos a un derecho.
Bonificaciones, horas extras o beneficios para quienes decidan trabajar el día de las elecciones en lugar de ir a las urnas.
Usar correos, chats institucionales o medios internos para promover candidatos, listas o preferencias políticas.
No son prácticas nuevas. Como ha contado La Silla, hacen parte del manual de la política clientelista que suele activarse en elecciones locales y legislativas, cuando las maquinarias buscan conservar cuotas de poder y asegurar curules.
Los casos recientes muestran cómo operan. En la Alcaldía de Barranquilla, según denuncias reveladas por la periodista Laura Ardila, estarían pidiendo hasta 50 votos por Abelardo de la Espriella . Y en otro frente, están los cuestionamientos al uso del canal oficial de WhatsApp del presidente Gustavo Petro para enviar mensajes que terminan favoreciendo entre líneas a Iván Cepeda.
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