Esta columna fue escrita por el columnista invitado Juan Pablo Rodríguez.
Existe una frase atribuida con frecuencia a Winston Churchill según la cual la democracia es el peor sistema de gobierno, con la clara excepción de todos los demás regímenes ensayados. Mucho antes, Aristóteles había expresado, en sus célebres tratados filosóficos sobre política, una profunda desconfianza frente a este modelo. Para el filósofo griego, el gobierno absoluto de las mayorías podía derivar en la tiranía de los muchos sobre los pocos, en la imposición de intereses particulares camuflados de bien común y en la fatal degradación de la deliberación pública ciudadana. Desde esta estricta perspectiva clásica, la democracia contenía inherentemente los gérmenes letales de su propia fragilidad.
Sin embargo, muchísimos siglos después, sigue siendo el sistema que mayor legitimidad histórica ha alcanzado. No porque sea una invención perfecta ni garantice resultados equitativos u óptimos de manera automática, sino porque ninguna otra forma de gobierno resuelve de mejor manera la inherente y permanente tensión social entre las libertades individuales, la representación equitativa, el pluralismo ideológico y el férreo control del poder. La democracia se diseñó para gestionar desacuerdos profundos, no para erradicarlos; acepta la imprevisible incertidumbre como su mecanismo de funcionamiento esencial para evitar exitosamente cualquier peligrosa concentración absolutista o un nocivo personalismo exacerbado en el ámbito gubernamental.
La democracia no existe en el vacío; responde a trayectorias históricas específicas. Colombia constituye un caso profundamente particular. Durante décadas, el país fue una anomalía dentro de América Latina. Mientras gran parte de la región transitaba entre dictaduras militares y democratizaciones, Colombia mantuvo ininterrumpida la continuidad de sus instituciones formales. Hubo elecciones periódicas, alternancia partidista, un Congreso activo y tribunales funcionales, guardadas proporciones.
Pero esta aparente estabilidad institucional coexistió con una de las violencias políticas más prolongadas del globo. La paradoja nacional fue sobrevivir democráticamente mientras una guerra total devastaba el territorio. Esta dinámica condicionó el debate público: durante medio siglo, las discusiones estuvieron dominadas por la seguridad. La política giraba en torno a la insurgencia, los paramilitares, el narcotráfico y la supervivencia estatal.
Consecuentemente, temas prioritarios en otras democracias vecinas (como las reformas estructurales, los derechos sociales, la diversidad étnica o la desigualdad) quedaron postergados. Aunque la pobreza persistía innegablemente, la confrontación bélica actuó como un filtro opaco. La urgencia de derrotar a los grupos armados desplazó cualquier otra discusión ciudadana esencial.
El Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 con las antiguas Farc marcó un punto de inflexión histórico. Más allá de sus limitaciones, controversias y los formidables retos de su implementación, produjo un cambio sociopolítico fundamental: modificó de raíz la
conversación colombiana. Aunque la nación no dejó de enfrentar la inseguridad ciudadana, diversas economías ilegales y la constante amenaza de múltiples grupos delincuenciales, el desarme del principal actor insurgente permitió que otros problemas estructurales ocuparan finalmente el centro del debate.
Las masivas movilizaciones sociales posteriores reflejaron esta metamorfosis. Discusiones inaplazables sobre equidad de género, protección climática, enorme desigualdad económica, exigencia de justicia social, urgente reforma agraria y participación ciudadana efectiva, adquirieron una inusitada visibilidad. Este vibrante y ruidoso despertar ciudadano marca el inicio oficial de la progresiva “latinoamericanización” de nuestra propia democracia institucionalizada.
Esta latinoamericanización no es una simple coordenada geográfica, sino una compleja reconfiguración política. Significa que Colombia, tras años de excepcionalidad armada, empezó a enfrentar las demandas y dinámicas que las naciones vecinas ya venían procesando. Llegamos tarde, pero llegamos. Sin embargo, esta transición sostiene una premisa crítica: iniciamos un proceso innegable hacia una democracia mucho más sana e incluyente, pero de ninguna manera hacia un ecosistema inocuo. La reducción del conflicto bélico simplemente traslada la histórica conflictividad social a la estricta arena política institucional, haciéndola más visible y confrontacional.
Al alterarse el conflicto central, el surgimiento de nuevos actores era absolutamente ineludible. Anteriormente, la izquierda colombiana enfrentó barreras monumentales para consolidarse. Perseguida violentamente y dividida por una desastrosa fragmentación, operó durante décadas como una izquierda caníbal, donde las purgas internas opacaban su propia lucha ideológica. Los comicios preside…
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