El Gobierno está negociando con los grupos parlamentarios los nombres que ocuparán los puestos vacantes en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de que expiren los mandatos actuales. La presidenta, Cani Fernández, y los consejeros Josep Maria Salas y Carlos Aguilar terminan su mandato de seis años el 16 de junio. Un cuarto puesto, el de la consejera Pilar Sánchez, que entró con ellos en 2020 y cesó voluntariamente en enero de 2026, también debe ser cubierto. Que llegue esa fecha no significa que ese día se produzcan los nombramientos, pero el reloj corre y las negociaciones están en marcha.
La CNMC es uno de los organismos reguladores más importantes del Estado. Su consejo tiene diez miembros : un presidente, un vicepresidente y ocho consejeros. Supervisa los mercados de energía, telecomunicaciones, transporte, audiovisual y competencia. Multa a empresas por prácticas anticompetitivas, fija las tarifas de acceso a las redes eléctricas y de gas, regula el mercado ferroviario y, cuando el Parlamento le otorgue la habilitación que lleva más de un año esperando, será también la autoridad que vigile a las grandes plataformas digitales en España y supervise asuntos tan delicados para los medios de comunicación como el reparto de la publicidad institucional.
El procedimiento de renovación está fijado en la Ley 3/2013, aprobada con mayoría absoluta del PP bajo el Gobierno de Mariano Rajoy . El Gobierno nombra a los consejeros mediante real decreto, a propuesta del ministro de Economía, entre personas de reconocido prestigio en los ámbitos de actuación del organismo. Antes de que el decreto se publique, el candidato debe comparecer ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, que tiene un mes para vetarlo.
Ese veto requiere mayoría absoluta de esa comisión, es decir, al menos 19 de sus 37 diputados. El PP tiene 14 y Vox, tres. Suman 17. No llegan solos. Para bloquear un nombramiento necesitan el apoyo de, al menos, dos diputados más de otros grupos. Sin ese apoyo adicional, los candidatos del Gobierno salen adelante.
El Ejecutivo (PSOE y Sumar, con 12 y tres diputados en la comisión, respectivamente) da por hecho que no puede pactar los nombres con el PP, así que necesita llegar a acuerdos con ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG (con un diputado cada uno).
En su última comparecencia anual ante la Comisión de Economía, el 21 de abril, la presidenta saliente, Cani Fernández, dedicó el cierre de su intervención a hablar de la renovación y de lo que considera las dos deudas pendientes del Congreso con el regulador.
Deudas pendientes
La primera es la habilitación para aplicar en España el Reglamento de Servicios Digitales de la UE, conocido como DSA por sus siglas en inglés. Ese reglamento, en vigor desde febrero de 2024, obliga a cada Estado miembro a designar una autoridad coordinadora con poderes reales para supervisar, investigar y sancionar a las plataformas.
El Gobierno designó a la CNMC en enero de 2024, pero no le dio los instrumentos legales para actuar. El organismo tiene el título, pero no las herramientas. Fernández lo resumió sin rodeos ante los diputados: sin esa habilitación —que el PP se ha negado a conceder las dos veces que se sometió a votación en el Congreso—, la CNMC no puede investigar ni sancionar a los prestadores de servicios establecidos en España ni proteger a los ciudadanos frente a los abusos de las plataformas digitales.
La segunda norma pendiente es la EMFA , el Reglamento Europeo de Libertad de Medios , que también asigna funciones al regulador nacional. España acumula retraso en ambas.
“En sus manos está, señorías”, dijo Fernández antes de pedir que la renovación se produzca con garantías de independencia, rigor técnico y continuidad institucional.
El PP y la estrategia de la exigencia
La realidad es que el Partido Popular lleva meses utilizando la renovación de la CNMC como palanca. Cuando el Congreso rechazó en abril la proposición de ley del Grupo Socialista que habría dado a la CNMC los poderes necesarios para aplicar el DSA, el PP argumentó que ampliar las competencias del regulador antes de renovar su consejo era crear un instrumento de control político. Exigió primero la renovación, con consejeros de su agrado, y después las competencias.
El argumento tiene un problema de fondo. El DSA no es una opción que el Gobierno pueda decidir aplicar o no. Es un reglamento europeo directamente aplicable. La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España en julio de 2024 y, tras un dictamen motivado que Madrid no atendió, llevó el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE en mayo de 2025. El caso tiene ya número de registro: C-841/25. Si el tribunal declara el incumplimiento y España no corrige la situación, pueden llegar sanciones económicas.
La posición del PP recuerda a la que sostuvo durante años con el Consejo General del Poder Judicial , cuya renovación bloqueó para asegurarse de que los nuevos…
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