La Administración General del Estado (AGE) ha indemnizado a 113.095 familiares de fallecidos o desaparecidos durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista. Este reconocimiento ha supuesto 4.059.067.415 euros, según los datos acumulados desde la Transición hasta diciembre de 2024.
Esta cifra figura en uno de los tres informes elaborados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a los que ha tenido acceso infoLibre , y que forman parte de las comisiones de estudio y técnicas previstas por la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. Estos escritos no sirven para crear derechos o leyes, sino que tienen el objetivo de estudiar, evaluar y recomendar sobre temas como las víctimas del franquismo o el papel del pueblo gitano en la sociedad española.
El informe sobre indemnizaciones recoge también que entre los beneficiarios se encuentran 3.055 de los denominados niños y niñas de la guerra, 59.271 civiles mutilados y 116 presos y presas por su condición de homosexual . En total, incluyendo los familiares anteriormente mencionados, 611.828 personas han recibido indemnizaciones por parte de la AGE, para las que se han aportado 22.160.848.148 euros.
“No obstante, este importe agregado no refleja la totalidad del esfuerzo reparador efectivamente realizado, al no disponerse de datos plenamente actualizados y consolidados para determinados colectivos, en particular el de las personas funcionarias civiles”, añaden desde el ministerio, que estiman que la AGE habría repartido más de 25.000 millones de euros.
En el caso de las comunidades autónomas, se ha indemnizado a un total de 26.231 personas con un reparto de 69.722.446 euros . Sin embargo, los datos son parciales, ya que los territorios gobernados por el PP, salvo Andalucía , no han compartido su información con el ministerio. En Galicia “no se ha facilitado ni ha sido posible recopilar información” y en el caso de Extremadura “se redactó un borrador de decreto en 2021, pero no ha habido avances administrativos desde entonces”.
En el resto de comunidades donde gobierna el PP (Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana) la conclusión en todas es la misma: “ se desconoce el alcance cuantitativo por no haber sido facilitado por la comunidad autónoma”. Del País Vasco, tampoco se tiene información, pero, según describe el informe, se debe a que “la comunidad autónoma ha explicado que se encuentra consolidando esta información”.
Entre las comunidades que sí han facilitado datos, Cataluña se encuentra en el primer puesto con 22.512 personas beneficiarias reconocidas y 52.700.950 euros repartidos. Le siguen Andalucía, con 2.522 personas y 9.487.378 euros; Asturias, con 983 personas y 3.455.879,78 euros; Castilla-La Mancha , que no tiene datos de personas, pero si la cantidad de 3.258.600 euros; Navarra (153 personas y 495.032,90 euros); y las Islas Canarias (61 personas y 324.605,4 euros).
“A pesar de este extenso desarrollo normativo y reparador, el análisis realizado por esta comisión permite identificar ámbitos donde persisten vacíos de información , o la ausencia de mecanismos específicos de reparación”, concluyen en el informe.
63 víctimas mortales por violencia policial o de extrema derecha durante la Transición
Otro de los avances que se ha conseguido con la publicación de estos informes es el reconocimiento oficial de 63 víctimas mortales por excesos policiales o violencia de extrema derecha durante la Transición , concretamente entre el 29 de diciembre de 1978, momento en el que entró en vigor de la Constitución española, y el 31 de diciembre de 1983.
Entre las 30 personas muertas a manos de agentes de la autoridad se encuentran Vicente Vadillo Santamaría, transexual de 32 años que fue disparado en la cara por un policía nacional de paisano en el interior de una discoteca. O Julio Martínez Navarro, de 29 años, que recibió un disparo de un guardia civil que le paró en la carretera con la justificación de que había hecho un “movimiento extraño”.
El informe describe que, en el contexto de la Transición, “algunos agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado intervinieron de diversas formas y relación con éste (desde el Estado, desde ámbitos del Estado en los aledaños del Estado) llevando a cabo graves violaciones de derechos humanos. Aproximadamente una cuarta parte de las víctimas mortales de este periodo se produjeron por la actuación represiva del Estado al excederse esos empleados públicos en el uso de la violencia de que disponía como tales”.
“La fórmula legal de ese cambio supuso la ruptura con la dictadura franquista, pero no conllevó la conveniente adecuación de los cuerpos policiales o de otros como la judicatura a la nueva situación política democrática”, describen.
A estas víctimas se suman otras 33 a manos de grupos de extrema derecha, que tuvieron como autores a “ elementos terroristas o incontrolados que contaban con su aquiescencia…
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