Por primera vez hay un reconocimiento oficial de las víctimas mortales que la Policía, la Guardia Civil y la extrema derecha dejaron en España una vez aprobada la Constitución. El Gobierno acaba de hacer público el informe de la comisión de expertos que ha estudiado las vulneraciones de derechos humanos cometidas entre 1979 y 1983, como obligaba la Ley de Memoria Democrática. El trabajo identifica 63 casos y los sitúa en un marco de violencia política heredada de la dictadura, en un momento en el que aun diferentes actores se resistían a dejar ir el franquismo.
Los excesos policiales documentados —28 del total— se reparten por toda la geografía española y siguen patrones claros como la represión desproporcionada de manifestaciones o huelgas, las muertes en controles de carretera o en lugares de ocio. Varias de las víctimas lo fueron en bares o discotecas a raíz de simples discusiones. El modus operandi posterior más común fue el de mentir o incluso manipular pruebas para ocultar la verdad y los pocos casos que terminaban en condena solían derivar en penas casi testimoniales. Estos son algunos de los casos más destacados:
Ursino Gallego tenía 14 años cuando falleció en Parla (Madrid) en el transcurso de una manifestación vecinal por la escasez de servicios públicos. Según contó su familia, el chico ni siquiera participó en la manifestación, sino que había salido a comprar entradas para el cine y se acercó por curiosidad a la protesta cuando recibió en el pecho el impacto de la bala de goma que le mató. La versión oficial afirmó que Ursino formaba parte de “los grupos sediciosos que hostigaban a la fuerza pública” que, según su relato, no habría tenido más remedio que disparar. Nadie se sentó en el banquillo por este caso.
Eran las cuatro de la madrugada del 10 de junio de 1979 cuando Vicente Vadillo , un artista travesti de 32 años, era asesinado en la discoteca Apolo de Rentería (Gipuzkoa) por el policía nacional Antonio Caba. El agente, en estado de embriaguez, entró al local cuando ya estaba cerrado profiriendo gritos contra Euskadi y amenazando con “cargarse a algún vasco”. Vicente, conocido como Francis , le respondió: “Aquí me tienes a mí”. Fue entonces cuando Caba sacó la pistola y lo mató de un disparo en la cara. El caso, que fue el detonante de las primeras manifestaciones LGTBI en Gipuzkoa, llegó a juicio, pero el policía fue condenado a nueve meses de prisión y no entró en la cárcel.
Emilio Martínez y José Luis Montañés fueron asesinados en diciembre de 1979 en Madrid, durante la represión de una masiva manifestación estudiantil. Ambos recibieron los disparos efectuados por agentes de la Policía Nacional desde un jeep que había quedado aislado durante unos disturbios. Para justificarlo, la Policía manipuló las pruebas y llenó el coche de piedras en la Casa de Campo para fingir que habían sido víctimas de un apedreamiento. Un juez intentó procesar a tres agentes por homicidio, pero el caso acabó pasando a la Audiencia Provincial, presidida por un magistrado que solía exhibir un águila franquista en su solapa y que archivó la causa.
El pueblo de Feria (Badajoz) celebraba las fiestas de San Bartolomé (1980) cuando Joaquín Mendoza , de 17 años, fue asesinado. El joven se había apartado del bullicio junto a un primo y un amigo con la intención de hacer sus necesidades, un momento en el que el guardia civil Juan Martínez Píriz le disparó. El Instituto Armado emitió hasta tres comunicados con versiones falsas: que habían repelido un ataque terrorista efectuado con piedras, que el arma se disparó por un forcejeo o que Joaquín simplemente “cayó a unos metros” de la zona tras defecar. Según consta en el informe, el caso se cerró en 1991 con el pago de una indemnización a la familia. El guardia civil no fue apartado del cuerpo.
María Asensio Morales fue otra de las tantas víctimas consecuencia de la represión policial de protestas y huelgas. En este caso, en un pueblo de Almería, donde los vecinos protestaban por el desvío de agua de unos pozos locales. Mujeres y niños bloquearon el paso a los camiones al tiempo que los agentes recibieron la orden de disparar. María recibió el impacto de una bala de goma que le destrozó la cabeza, pero la versión oficial mintió y calificó el hecho de “accidente fortuito” asegurando que la mujer se habría golpeado al resbalarse o sufrir un empujón. Falleció tras diez días en la UVI, en marzo de 1981.
Nadie fue condenado por ello y el jefe de la comandancia de Almería, Carlos Castillo Quero, protagonizaría dos meses después el 'Caso Almería' , en el que tres jóvenes fueron brutalmente torturados hasta la muerte al ser confundidos con miembros de ETA, aunque estaban en Almería por haber asistido a la comunión del hermano de uno de ellos. Se llamaban Juan Mañas, Luis Montero y Luis Manuel Cobo. Castillo Quero fue condenado a 24 años de cárcel.
El último caso de los perpetrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad incorporado al informe ocurrió el 19 de febrero de 1983…
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