Colombia faces a historic decision: Former President Iván Duque writes a column for The Economist

La representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones, firmó un auto para suspender al presidente Gustavo Petro de su cargo hasta el 21 de junio, el día de la segunda vuelta presidencial. La medida, inédita en la historia del país, hace parte de la investigación por presunta participación en política que ella misma lidera. El presidente Petro dijo que se trata de una “extorsión” de la representante por haberse negado a darle cosas que, según él, ella había pedido.

El auto abrió una discusión jurídica y política. La mayoría coincide en que es inconstitucional porque no sigue los pasos que dicta la Constitución, pero para otros, incluida Arizabaleta, hay otros caminos, como que el  presidente del Senado dé el visto bueno para ejecutarla, lo que se prestó para que quedara abierto un debate político y jurídico.

Recogimos las preguntas que más se repiten y se las hicimos a los abogados y constitucionalistas Andrea Celemín, Fabio Pulido, Sebastián Ceballos, Rodrigo Parada y Mario Cajas; y a las politólogas Beatriz Gil, Michell Guerra, Laura Wills y Juan Pablo Milanese. Esto dijeron.

¿Se puede suspender a un presidente tal como lo planteó la representante?

No. Los expertos coinciden en que suspender al presidente requiere pasar por el Senado y la Cámara. Por eso, ni un solo miembro de la Comisión de Acusaciones ni el presidente del Senado por su cuenta pueden tomar esa decisión. Para que una suspensión de un aforado —alguien que por su cargo tiene un régimen jurídico especial y solo puede ser juzgado por instancias específicas, como el Congreso en el caso del presidente— pueda salir adelante, deben cumplirse varios pasos.

Para Fabio Pulido, constitucionalista y director del doctorado en derecho de la Universidad de la Sabana, la Constitución es clara. El artículo 194 establece que esto es una falta temporal, lo que significa que solo la plenaria del Senado puede ordenar la suspensión. El artículo 175 lo refuerza : el acusado queda suspendido de su cargo únicamente cuando el Senado admite formalmente la acusación, no antes.

Andrea Celemín, abogada, doctora en derecho y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, va en la misma línea. Sin una decisión colegiada en el Senado, cualquier acción sería “un salto al vacío” por fuera de lo que dicta la Ley Quinta de 1992 para esta clase de juicios públicos. El diseño constitucional, agrega, busca que el órgano que tome ese tipo de medidas pueda medir críticamente sus efectos, y que “el tema de la estabilidad debe ser tomado en consideración a la hora de hacer juicios de responsabilidad contra el presidente”.

Mario Alberto Cajas, director del Centro de Derecho Constitucional de la Universidad Icesi, también dice que hay que hacer “una interpretación del diseño de la Constitución del 91 entendiendo cuál es la importancia de la figura presidencial, sin importar la coyuntura y el momento”. No significa que no se pueda indagar sobre sus responsabilidades, pero sí que se debe preservar la estabilidad institucional, sobre todo en un contexto electoral.

Para Rodrigo Parada, antes de restringir cualquier derecho de un aforado, la Constitución exige que primero se levante su fuero. “Lo que hace la Comisión de Acusaciones es someter a la aprobación del Senado el levantamiento de un fuero. Ellos hacen una especie de antejuicio para que sea el Senado quien disponga la acusación a un ciudadano con fuero, en este caso el presidente. Y en esa situación particular, la Constitución no contempla la restricción de derechos. Cuando se trata de restringir un derecho de esta índole, debe haber una reglamentación, y al no existir, esta es una decisión que termina siendo ilegal”.

A eso se suma que ninguna de las normas que rigen a la Comisión —el Código de Procedimiento Penal , el Código General Disciplinario y la Ley Quinta— contemplan la posibilidad de decretar una suspensión provisional en materia disciplinaria, ni la privación de la libertad en materia penal. “Por muchas razones similares es que José Leonidas Bustos, vinculado al escándalo del Cartel de la Toga, terminó yéndose hacia Canadá: la Comisión de Acusaciones no tenía la posibilidad de imponer una medida de aseguramiento porque no existen esas facultades”. “En ese sentido, no podía esta representante disponer esa suspensión. Esa decisión es ilegal y por lo ilegal es ineficaz: no tiene ningún efecto y, por lo tanto, esto no tiene ningún sentido más allá de lo político”, concluye.

Ese diagnóstico lo comparten las politólogas Beatriz Gil, Michel Guerra y Laura Wills, de la Universidad de los Andes. Pero añaden el argumento de Arizabaleta que dice que que sí se cumplen los cuatro requisitos para decretar la suspensión provisional: “que el funcionario investigado esté ejerciendo el cargo, que los hechos puedan constituir una falta grave o gravísima, que su permanencia pueda interferir en la investigación o facilitar la continuidad de la conducta, y que la medida sea idónea, nece…