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La sentencia fue emitida casi dos años después del homicidio. La Fiscalía demostró que la madre asfixió al menor.
La condena fue emitida casi dos años después del crimen ocurrido en la vereda Membrillal, en Cartagena. Foto: iStock
SUBEDITORA 17.06.2026 10:58 Actualizado: 17.06.2026 10:58
Casi dos años después de uno de los casos de violencia intrafamiliar más impactantes registrados en Cartagena, la justicia condenó a 37 años y 5 meses de prisión a Yuranis Patricia Martínez Jiménez por el asesinato de su hijo de apenas 14 meses de edad.
La decisión fue emitida el pasado 16 de junio por un juez de conocimiento, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso adelantado por los hechos ocurridos en agosto de 2024 en la vereda Membrillal, z ona rural de la capital de Bolívar.
La sentencia representa uno de los fallos más severos dictados recientemente en Cartagena por un crimen contra un menor de edad y pone fin, en primera instancia, a un proceso judicial que generó profunda conmoción entre la comunidad.
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Un caso que estremeció a Cartagena
Los hechos ocurrieron el 13 de agosto de 2024, cuando las autoridades fueron alertadas sobre la muerte de un niño de un año y dos meses en una vivienda ubicada en Membrillal.
De acuerdo con la investigación, el padre del menor, Eder Luis Hoyos Martínez, llegó a la residencia familiar y fue informado por quien era entonces su compañera sentimental de que había acabado con la vida del pequeño.
Tras conocer lo ocurrido, el hombre notificó inmediatamente a las autoridades, que se desplazaron hasta el lugar para verificar la situación.
Cuando los uniformados ingresaron a la vivienda encontraron al niño sin signos vitales. En la escena también hallaron a la mujer con una lesión en una de sus muñecas, presuntamente causada por ella misma con un objeto cortopunzante.
Posteriormente fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica mientras avanzaban las primeras diligencias judiciales.
La investigación de la Fiscalía
Fiscalía presentó pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad de la procesada. Foto: Fiscalía General de la Nación /istock
Durante las indagaciones, la Fiscalía estableció que el menor había sido asfixiado con una almohada.
Según el expediente judicial, el crimen ocurrió luego de una discusión telefónica entre la mujer y su expareja, situación que habría antecedido los hechos que terminaron con la muerte del niño.
El caso generó rechazo naciona l debido a la corta edad de la víctima y a las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.
En aquel momento, la entonces subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Sandra López Duque, confirmó la captura de Martínez Jiménez y su puesta a disposición de la Fiscalía.
La oficial informó que las autoridades iniciaron de inmediato las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del menor.
La decisión judicial
La justicia halló responsable a la mujer por el homicidio agravado de su hijo de apenas 14 meses. Foto: iStock
Durante el juicio, los fiscales encargados del caso presentaron pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron sustentar la responsabilidad penal de la procesada.
Tras analizar el material probatorio, el juez concluyó que existían elementos suficientes para declarar culpable a Martínez Jiménez por el delito de homicidio agravado.
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La decisión tuvo en cuenta que la víctima era un menor de edad completamente indefenso y dependía totalmente del cuidado de su madre.
De acuerdo con la valoración judicial, la condenada se aprovechó de la condición de vulnerabilidad e inferioridad del niño para cometer el crimen, circunstancia que agravó la conducta y aumentó la pena impuesta.
Una sentencia que aún puede ser apelada
La sentencia de 37 años y 5 meses fue dictada en primera instancia por un juez de Cartagena. Foto: Canva
La condena fue proferida en primera instancia, por lo que la defensa de la mujer aún tiene la posibilidad de interponer los recursos previstos por la ley para buscar una revisión del fallo ante instancias superiores.
Sin embargo, mientras avanza ese trámite, la sentencia constituye un importante avance en el esclarecimiento de un caso que marcó profundamente a Cartagena y reabrió el debate sobre la protección de la niñez, la salud mental y la atención temprana a situaciones de violencia dentro de los hogares.
Para las autoridades judiciales, el fallo envía además un mensaje sobre la protección reforzada que el Estado debe garantizar a los menores de edad y la responsabilidad de sancionar con rigor cualquier conducta que atente contra sus derechos fundamentales.
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