Zašto je najveća regularizacija u našoj povijesti bila uspješna

La mayor regularización migratoria en la historia de España ha marcado un antes y un después en la política de inmigración del país. Este proceso, que se extendió durante más de seis años, culminó el pasado martes 30 de junio con el cierre del plazo para la presentación de solicitudes. Según datos oficiales, más de 1,17 millones de personas han participado en esta iniciativa, lo cual representa un récord histórico en términos de participación. Esta cifra supera ampliamente las expectativas iniciales del gobierno, que había anticipado alrededor de 750.000 solicitudes. Lo que se ha logrado no solo es un testimonio de la importancia de la regularización, sino también de la capacidad de movilización social y organizativa de la sociedad civil, particularmente del movimiento "Regularización Ya", liderado por personas migrantes y racializadas.

Desde el principio, el debate sobre la regularización fue guiado por datos científicos y análisis rigurosos. El economista Ismael Gálvez-Iniesta, de la Universidad Carlos III, desarrolló un modelo que permitió estimar la cantidad de personas en situación irregular en España. Estos hallazgos revelaron que, aunque la imagen mediática centrada en la frontera sur de España sugiere una crisis migratoria grave, los números mostraban que la mayoría de los migrantes irregulares provienen de América Latina y el Caribe, y no de África. Esto contrastaba con la percepción pública, generando un discurso político y mediático basado en una narrativa sesgada. Sin embargo, estos datos ayudaron a construir un argumentario sólido que justificaba la necesidad de una regularización masiva, basado en principios éticos, económicos y sociales.

Las cinco razones principales que respaldaron el proceso incluyen: primero, el tamaño de la población irregular, que representaba un número significativo de personas que vivían y trabajaban en España sin documentos; segundo, la ética, ya que la irregularidad excluye a estas personas del sistema sanitario, judicial y de vivienda; tercer, el interés colectivo, ya que la regularización incrementa la recaudación fiscal y fortalece el sistema de pensiones; cuarto, la urgencia derivada de la pandemia, donde el miedo a la identificación impedía el acceso a servicios médicos; y por último, la continuidad histórica de la regularización, que se considera una herramienta habitual, no excepcional, en la política migratoria española.

La participación masiva en el proceso reflejó una sociedad española que, según una encuesta realizada por More in Common en 2025, muestra una postura general favorable hacia la migración. Esta disposición fue clave para garantizar el éxito del proceso, que contó con el apoyo de diversas instituciones, organizaciones y líderes políticos. A pesar de los esfuerzos de algunos grupos antimigratorios, el proceso se completó sin interrupciones significativas.

En cuanto a las regiones con mayor número de solicitudes, Catalunya y la Comunidad de Madrid destacaron, con más de 257.000 y 202.000 peticiones respectivamente. Estas cifras coinciden con la presencia de una población migrante más estable en estas áreas. La mayoría de los solicitantes, el 67%, eran ciudadanos latinoamericanos, con Colombia siendo el país con mayor número de solicitudes, seguido por Marruecos, Venezuela y Perú. Estos datos confirman que la gran mayoría de los migrantes que han solicitado la regularización entraron legalmente en España, principalmente mediante vuelos, y no a través de rutas ilegales.

Aunque el número de solicitudes no equivale directamente al número de personas regularizadas, el gobierno ha anunciado que todas las solicitudes recibirán una respuesta, ya sea positiva o negativa. Esto significa que, al menos en teoría, el proceso ha sido inclusivo y transparente, aunque aún queda pendiente el análisis completo de los expedientes. La ministra Elma Saiz destacó el impacto positivo de este proceso, describiéndolo como un hito en la política migratoria del país y un ejemplo de colaboración colectiva. Con todo, el camino hacia la completa integración de estas personas en la sociedad española sigue abierto, y se espera que futuras medidas sigan priorizando la inclusión y el derecho a la dignidad.