El Parlamento esloveno ha anunciado el inicio de la recolección de firmas para un referéndum constitucional sobre la ley de intervención de fecha 1 de septiembre. El proceso comenzará el martes 1 de septiembre y se extenderá hasta el lunes 5 de octubre. Esta iniciativa fue iniciada por miembros de la Asamblea Nacional (NSi), el Partido Popular Esloveno (SLS), Focus, Demócratas y Resnica, con el apoyo del Partido Socialdemócrata (SDS). La ley, que fue aprobada por el Consejo Nacional de Estado (DZ) el 11 de mayo, incluye medidas destinadas a abordar la crisis energética inminente, como la reducción del IVA en alimentos básicos y proveedores de energía.
También introduce soluciones sistémicas relacionadas con el tratamiento de las pequeñas empresas, incluidos ajustes a los impuestos y las contribuciones sociales, como la introducción de límites a las contribuciones sociales, la atención médica y las pensiones. A pesar de la aprobación inicial, la DZ más tarde aprobó una decisión a fines de mayo declarando el referéndum inválido. La mayoría parlamentaria argumentó que, según la constitución, los referendos no están permitidos para las leyes relativas a los impuestos y otros pagos obligatorios, que la ley de intervención regula en partes significativas. Esto llevó a las críticas de los sindicatos, que acusaron a la ley de abusar de la técnica omnibus.
En junio, estos sindicatos recurrieron a la Corte Constitucional, impugnando la legalidad de la ley. El fallo de la Corte Constitucional el lunes anuló la decisión de la DZ, afirmando que si bien la ley contiene elementos fuera del alcance de los referendos, estos no constituyen una parte mínima de la ley o abordan cuestiones esenciales. Por lo tanto, la ley entera no cae bajo la prohibición constitucional contra los referendos sobre asuntos relacionados con los impuestos. Como resultado, la DZ ha establecido la fecha para el inicio de la recolección de firmas para el referéndum. La campaña para el referéndum comenzó con más de 47,000 votantes que apoyan la iniciativa a través de la sociedad civil y miembros de la oposición dentro de la DZ.
Las firmas recolectadas tenían la intención de desencadenar un período de 35 días durante el cual los partidarios podrían reunir 40.000 firmas verificadas para calificar para un referéndum. Con el fallo del tribunal, este proceso ahora está oficialmente en marcha. Los partidarios del referéndum argumentan que la ley proporciona el alivio necesario en medio de los desafíos económicos, particularmente a la luz de la crisis energética. Creen que el sistema actual no protege adecuadamente a los ciudadanos del aumento de los costos y que los cambios propuestos ofrecerían la estabilidad muy necesaria.
Por otro lado, los opositores sostienen que la ley representa un exceso, utilizando amplias disposiciones para eludir los procedimientos legislativos normales e imponer cargas adicionales a los contribuyentes. El resultado de la recopilación de firmas determinará si el referéndum continúa. Si se cumple con el número requerido de firmas, la DZ estará obligada a celebrar la votación. La batalla legal que rodea la ley destaca las tensiones en curso entre diferentes facciones dentro del panorama político, lo que refleja debates más amplios sobre la gobernanza, la responsabilidad fiscal y la participación pública en los procesos de toma de decisiones.
A medida que comience la recolección de firmas, todos los ojos estarán en el conteo final, que dará forma a los próximos pasos en esta situación políticamente cargada.
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