Venezuela ha notificado oficialmente a las Naciones Unidas su intención de retirarse del Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional (CPI), marcando un cambio significativo en su política exterior. La decisión, tomada bajo el presidente interino Delcy Rodríguez, fue descrita como "firme e irrevocable" por el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, quien acusó a la CPI de mostrar "sesgo geográfico" al centrarse en los países de África y América Latina. Estados Unidos elogió la medida, afirmando que la CPI no ha presentado cargos contra el ex líder venezolano Nicolás Maduro. Si bien la CPI señaló que la retirada de Venezuela entraría en vigencia un año después de la notificación y no detendría las investigaciones en curso, los analistas sugieren que la medida refleja una tendencia más amplia de cambio de lealtades y frustración con el lento progreso de la justicia en Venezuela.
Lectura del sesgo (Conservador): El artículo enmarca la retirada de Venezuela de la CPI como un desarrollo positivo alineado con los intereses de los Estados Unidos, enfatizando el fracaso de la CPI para acusar a Maduro y retratando al tribunal como "corrupto e inútil".





