Las víctimas en Inglaterra obtendrán un control sin precedentes sobre el movimiento de delincuentes sexuales y violentos graves a través de las "zonas de restricción" recién introducidas, según los planes del gobierno anunciados esta semana. La política permite a las víctimas definir límites geográficos dentro de los cuales los delincuentes deben permanecer después de su liberación de la prisión, limitando efectivamente su capacidad de moverse libremente. Estas zonas, que comenzarán a implementarse en octubre, se aplicarán utilizando tecnología de seguimiento GPS, lo que permitirá a las autoridades monitorear el cumplimiento y tomar medidas inmediatas contra las violaciones.
Bajo el esquema, los delincuentes considerados de alto riesgo debido a la naturaleza de sus delitos se restringirán a áreas que generalmente abarcan varias millas de ancho. Esta medida tiene como objetivo evitar encuentros inesperados entre víctimas y perpetradores, al tiempo que garantiza que los delincuentes aún puedan asistir a servicios esenciales destinados a reducir la reincidencia. Las zonas de restricción representan una aplicación más estricta de las políticas existentes de "zonas de exclusión", que ya prohíben a los delincuentes entrar en ciertos lugares, como el lugar de trabajo o residencia de una víctima. La iniciativa sigue a las crecientes preocupaciones sobre la seguridad de los sobrevivientes de abuso doméstico y violencia sexual.
Agregó que el uso de la tecnología GPS permitiría un monitoreo en tiempo real, asegurando que los delincuentes que violen sus límites enfrenten consecuencias rápidas, incluida la posible reencarcelación. Las zonas de restricción se revisarán al menos cada tres meses, con ajustes realizados en función de los niveles de riesgo evaluados de los delincuentes individuales. La duración de cada zona dependerá de cuánto tiempo se considere que persiste el riesgo. Amy Glover, directora de Servicios de Abuso Doméstico en Advance, elogió la política por su potencial para empoderar a los sobrevivientes. Señaló que el abuso doméstico a menudo obliga a las víctimas a alterar sus rutinas diarias, aislándolas de las redes de apoyo.
Las zonas de restricción, argumentó, podrían aliviar parte de esta carga al imponer limitaciones a los delincuentes en lugar de exigir a las víctimas que modifiquen constantemente su comportamiento. La política se produce en medio de la controversia en curso en torno al programa de liberación anticipada, que se introdujo para abordar el hacinamiento en las prisiones después de años de subfinanciamiento y el aumento de las tasas de encarcelamiento. Los críticos argumentan que el programa ha llevado a un aumento de los riesgos para las comunidades, especialmente para grupos vulnerables como los niños y las mujeres. Sin embargo, los partidarios sostienen que las reformas son necesarias para estabilizar el sistema penitenciario y evitar una mayor presión sobre los recursos públicos.
Los expertos legales y grupos de defensa han expresado un optimismo cauteloso sobre las nuevas restricciones, aunque persisten preguntas sobre los mecanismos de aplicación y el potencial de abuso. Algunos han expresado su preocupación por el equilibrio entre la seguridad pública y los derechos de los infractores, enfatizando la necesidad de pautas claras para evitar la aplicación arbitraria de las medidas. A medida que avanza la política, es probable que se convierta en un punto focal de debate entre legisladores, profesionales del derecho y organizaciones de la sociedad civil.
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