El gobierno colombiano, un día antes del final de su mandato, emitió un decreto que regula el mercado de créditos de carbono. La regulación fue solicitada por varios sectores debido a ambigüedades legales que causan irregularidades en proyectos relacionados con la transparencia, la doble contabilidad y los conflictos comunitarios. El decreto designa al Ministerio de Medio Ambiente como la entidad coordinadora, otorgándole autoridad para establecer pautas técnicas, definir metodologías y supervisar el mercado. Requiere que los proyectos demuestren reducciones verificadas de emisiones o eliminaciones de gases, involucren a las comunidades locales y grupos indígenas y aseguren el cumplimiento de los objetivos climáticos nacionales. El decreto también permite períodos de proyecto extendidos e incluye contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC 3.0) actualizadas para alinearse con los objetivos climáticos.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta los cambios normativos como una acción gubernamental que aborda las solicitudes de larga data de diferentes sectores.






