El gobierno de Túnez ha intensificado la presión sobre las organizaciones de la sociedad civil, lo que ha llevado al enjuiciamiento de activistas, trabajadores de ONG y la suspensión de numerosos grupos. Human Rights Watch informó que al menos 47 personas asociadas con organizaciones no gubernamentales han sido procesadas, y 14 han recibido sentencias de prisión. La destacada defensora de derechos humanos Saadia Mosbah fue condenada a ocho años de prisión por cargos de delitos financieros. La represión se ha dirigido a organizaciones que abordan temas políticamente sensibles como la migración, con arrestos de trabajadores que ayudan a refugiados y migrantes. Las autoridades han utilizado leyes contra el terrorismo y el lavado de dinero para acusar a activistas, mientras que las investigaciones financieras han afectado a organizaciones como la oficina regional de Amnistía Internacional y I Watch.
Lectura del sesgo (Progresista): El artículo enmarca la represión por parte del gobierno tunecino como una escalada de la represión, destacando el uso de herramientas legales para atacar a la sociedad civil, especialmente aquellas centradas en la migración y los derechos humanos.


