Las Naciones Unidas presentaron un informe anual sobre las desapariciones forzadas en México, destacando la primera aplicación del artículo 34 de la convención internacional contra las desapariciones forzadas. El comité de la ONU concluyó que hay suficiente evidencia que sugiere que las desapariciones forzadas en México constituyen crímenes contra la humanidad, pero no encontró pruebas de que estas desapariciones sean parte de una política estatal. El gobierno mexicano rechazó la interpretación del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU con respecto al alcance y aplicación del Artículo 34, enfatizando que el tema no es una política estatal sino más bien vinculado a la actividad criminal y algunas autoridades municipales. El gobierno declaró que la búsqueda de personas desaparecidas sigue siendo una prioridad nacional y destacó los esfuerzos para localizar a más de 16,000 personas este año, la mayoría de las cuales fueron encontradas con vida. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) criticó el informe de la ONU, calificándolo de sesgado.
Lectura del sesgo (Progresista): El artículo presenta los hallazgos de la ONU que sugieren que las desapariciones forzadas en México equivalen a crímenes contra la humanidad, lo cual es una acusación significativa. Sin embargo, el marco enfatiza el rechazo del gobierno mexicano a la interpretación del artículo 34 por parte de la ONU, retratando al gobierno como resistente,






