En febrero de 2021, un golpe militar rompió el frágil progreso democrático en Myanmar, sumergiendo al país en el caos y la violencia. A medida que la junta militar tomó el control, las preocupaciones sobre la vigilancia y la privacidad digital se intensificaron, particularmente con respecto al papel de las compañías internacionales de telecomunicaciones que operan dentro de la región. Una de esas compañías fue Telenor, un gigante noruego de telecomunicaciones que había estado activo en Myanmar desde sus primeros días. La controversia en torno a la participación de Telenor se ha agudizado en los últimos años, especialmente después de que surgieron acusaciones que sugieren que la compañía podría haber desplegado una herramienta de vigilancia sofisticada conocida como Lawful Intercept Gateway (LIG).
El sistema LIG permite a las autoridades interceptar llamadas telefónicas y mensajes de texto directamente. Si bien todos los principales proveedores de telecomunicaciones están legalmente obligados a mantener dichos sistemas, surgieron preguntas sobre si Telenor realmente implementó y probó esta tecnología en Myanmar. Esto se convirtió en un punto central de disputa después de la toma de poder militar, ya que el uso indebido potencial de tales herramientas podría permitir a la junta monitorear y reprimir la disidencia de manera más efectiva.
Jon Omund Revhaug, que se desempeñó como CEO de Telenor Myanmar durante el momento del golpe, ha negado consistentemente que la compañía haya activado o probado el sistema LIG. En una entrevista de diciembre de 2024 con NRK, Revhaug declaró que el sistema no se había utilizado bajo su liderazgo y que no se habían realizado pruebas en el equipo. Reiteró estas afirmaciones en una entrevista de seguimiento en julio de 2025, enfatizando que Telenor no se involucró en probar el sistema mientras estaban a cargo.
Sin embargo, estas declaraciones contrastan fuertemente con el relato dado por "John", un ex empleado de alto rango en Telenor Myanmar. John trabajó en el departamento de cumplimiento, responsable de garantizar que la compañía se adhiriera a los estándares legales y las pautas éticas. Según él, Telenor inicialmente mantuvo una sólida reputación entre los locales, pero con el tiempo, el liderazgo comenzó a desviarse de estos principios.
La perspectiva de John sugiere que el compromiso de la compañía con las prácticas éticas vaciló después de algunos años. Describió cómo las comunicaciones internas del equipo de cumplimiento no se abordaron adecuadamente, lo que condujo a una creciente sensación de que Telenor ya no estaba cumpliendo con los estándares que una vez afirmó apoyar. Estas discrepancias entre las declaraciones oficiales y las cuentas de personas privilegiadas han alimentado el escepticismo sobre la verdadera naturaleza de las operaciones de Telenor en Myanmar.
La situación se agravó cuando la junta militar obtuvo acceso al sistema LIG. Si Telenor hubiera implementado y activado esta tecnología antes de su partida, podría haberse convertido en un poderoso instrumento para el régimen para rastrear y atacar a los grupos de oposición.
A medida que el conflicto continúa, el futuro del legado de Telenor en Myanmar sigue siendo incierto. Con la compañía vendiendo sus operaciones en el país poco después del golpe, el enfoque ahora cambia a la rendición de cuentas y la transparencia.
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