La legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó un acuerdo que transfiere la jurisdicción del tribunal nacional del trabajo a la ciudad, mejorando su autonomía. Sin embargo, esta decisión ha provocado una nueva batalla presupuestaria sobre recursos, personal e infraestructura necesarios para establecer el nuevo tribunal laboral. El acuerdo fue apoyado por varias facciones políticas, incluidos PRO, LLA, UCR y larretismo, mientras que el bloque peronista se abstuvo y los grupos de izquierda lo rechazaron. La implementación del nuevo tribunal está prevista para principios de 2027, pero sigue habiendo incertidumbre con respecto a la estructura exacta y la financiación.
Lectura del sesgo (Centro): Si bien el artículo presenta la aprobación del acuerdo como un paso significativo hacia la autonomía, no enmarca abiertamente el tema como políticamente cargado o sesgado hacia ninguna facción específica.





