2 millones en daños y perjuicios tras la grave lesión cerebral sufrida por su hijo durante el parto en el Hospital Provincial Dora Nginza en Gqeberha. El tribunal dictaminó que la lesión del niño fue causada por una infección que precedió al parto, en lugar de la negligencia del personal del hospital. La decisión se produjo después de una larga batalla legal que involucró a la madre, identificada como N K, y el Departamento de Salud del Cabo Oriental. El incidente se remonta a marzo de 2019, cuando N K, entonces en sus primeros veinte años, experimentó graves calambres abdominales y se sometió a una inducción prolongada del parto que duró 96 horas. Durante este período, recibió administraciones repetidas de medicamentos y múltiples exámenes vaginales.
A pesar de que su condición empeoraba, el personal médico no proporcionó un monitoreo adecuado ni consideró una cesárea oportuna. A medida que avanzaba el parto, N K se quedó en gran parte sin asistencia, pidiendo ayuda y empujando hasta que se derrumbó por agotamiento. Las enfermeras usaron presión de fondo y un extractor de vacío repetidamente antes de que finalmente llegara un médico para ayudar con el parto. El recién nacido, llamado U K, nació sin respuesta y requirió una reanimación inmediata. Los médicos informaron más tarde a N K que su hijo había sufrido daño cerebral permanente debido a la falta de oxígeno.
Ahora, U K vive con parálisis cerebral severa, discapacidades intelectuales y epilepsia, que le impiden hablar o caminar de forma independiente. Al emitir el fallo mayoritario, la jueza Kathree-Setiloane declaró que la evidencia médica indicaba claramente que la lesión cerebral de U K ocurrió antes del inicio del parto. Esta conclusión se basó en los testimonios de expertos de los doctores Reddy y Janowski, cuyo análisis se alineó con los registros médicos existentes y la investigación académica. El tribunal encontró que la evidencia presentada por los expertos de N K carecía de razonamiento suficiente y no tuvo en cuenta los hallazgos críticos de la placenta. Sin embargo, el fallo no fue unánime.
El juez Mocumie, junto con el juez interino Chili, discreparon, afirmando que habrían confirmado la apelación y responsabilizado al MEC de Salud del Cabo Oriental por la negligencia de los empleados del hospital. Argumentaron que N K sufrió un dolor inmanejable durante cinco días y enfrentó 96 horas de inducción prolongada sin una supervisión médica adecuada. Además, criticaron la ausencia de testimonio del personal médico que trató a N K y expresaron su preocupación por la pérdida de sus registros médicos. La desaparición de los registros médicos de N K. se convirtió en un tema central en el caso. El tribunal reconoció que estos registros podrían haber ofrecido información crucial sobre los eventos que rodearon su tratamiento.
La ausencia de dicha documentación no solo obstaculizó la claridad de los procedimientos, sino que también planteó desafíos tanto para los pacientes que buscaban justicia a través de reclamos de negligencia médica como para el departamento de salud, que de otro modo podrían ser exonerados en ciertas situaciones. La jueza Mocumie señaló además problemas sistémicos más amplios dentro del sistema de salud pública del Cabo Oriental.
El caso destaca las complejidades involucradas en la determinación de la causalidad en las reclamaciones de negligencia médica, especialmente cuando hay testimonios contradictorios de expertos y documentación incompleta.
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