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La auditoría ha revelado problemas graves en los peritajes, principalmente relacionados con el complemento inclusivo
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La auditoría ha revelado problemas graves en los peritajes, principalmente relacionados con el complemento inclusivo

Una auditoría realizada por la Oficina de Auditoría del Estado emitió opiniones condicionadas tanto sobre los informes financieros como sobre el cumplimiento operativo del Instituto para Exámenes Periciales, Rehabilitación Profesional y Empleo de Personas con Discapacidad. Los auditores señalaron que los procedimientos de exámenes periciales frecuentemente excedían los plazos legalmente establecidos, impidiendo que las autoridades competentes emitieran decisiones dentro de los plazos requeridos. La mayoría de las solicitudes de primera instancia aún pendientes se refieren a derechos a complementos inclusivos, al estatus de cuidador y a pensiones por discapacidad, y fueron presentadas por el Servicio de Bienestar Social de Croacia y el Fondo de Seguro de Pensiones de Croacia. En 2024, el instituto tramitó 192.629 solicitudes, siendo que expertos externos se encargaron del 53,7 por ciento de los casos, mientras que el personal interno resolvió el 46,3 por ciento. El número de solicitudes de primera instancia aumentó significativamente debido a la implementación de la Ley de Complementos Inclusivos, con un incremento del 42,9 por ciento en comparación con 2023. A finales de 2025, se habían resuelto el 54,3 por ciento del total de 340.473 solicitudes de primera instancia, dejando casi la mitad pendientes.

La Oficina de Auditoría del Estado ha emitido dictámenes con salvedades tanto sobre los estados financieros como sobre el cumplimiento operativo del Instituto para Exámenes Periciales, Rehabilitación Profesional y Empleo de Personas con Discapacidad. Los auditores identificaron serios problemas en el funcionamiento del instituto durante su revisión del ejercicio fiscal de 2025. Una de las principales conclusiones fue que los procedimientos de exámenes periciales, en primera instancia, frecuentemente excedían los plazos legalmente establecidos. En consecuencia, las autoridades competentes no pudieron emitir decisiones dentro de los plazos establecidos, lo que retrasó el acceso de los ciudadanos a derechos como las ayudas para la inclusión, las pensiones por discapacidad y el reconocimiento de la condición de cuidador.

A finales de 2025, se mantenían pendientes 155.653 solicitudes iniciales. Esta cifra representa el 45,7 por ciento de todos los casos tramitados por el instituto ese año. En la mayoría de estos casos pendientes, el plazo legal para que los organismos competentes tomaran una decisión ya había expirado. Los auditores señalaron que la espera de los dictámenes de expertos retrasaba la emisión de decisiones y la realización de los derechos de los ciudadanos. En respuesta, la oficina de auditoría ordenó al instituto que realizara los exámenes de manera oportuna. El aumento de la carga de trabajo comenzó después de la entrada en vigor de la Ley de Ayudas Inclusivas el 1 de enero de 2024.

En 2024, el número de solicitudes iniciales recibidas aumentó en 61.670, lo que representa un incremento del 42,9 por ciento en comparación con 2023. Este aumento se atribuyó principalmente a la nueva legislación. La tendencia al alza continuó en 2025, con un aumento adicional de 27.466 solicitudes, es decir, un 13,4 por ciento más que el año anterior. El volumen total de solicitudes iniciales gestionadas por el instituto en 2025 alcanzó las 340.473. De este total, 233.010 fueron recibidas durante el año, mientras que 107.463 se correspondían a solicitudes de períodos anteriores. A finales de 2025, el instituto había resuelto 184.820 de estos casos, lo que representa el 54,3 por ciento del total.

Los exámenes de segunda instancia, que se realizan después de las apelaciones contra las decisiones iniciales, también experimentaron retrasos. El número de solicitudes de segunda instancia recibidas en 2025 aumentó significativamente en 6.002, lo que representa un incremento del 86,1 por ciento en comparación con 2024. Este aumento también se debió a las solicitudes de prestaciones inclusivas. El año pasado, se recibieron un total de 12.972 solicitudes de segunda instancia. El Fondo de Seguros Sociales de Croacia presentó 7.370 de estas solicitudes, lo que representa el 56,8 por ciento, mientras que la Agencia de Seguros de Pensiones de Croacia presentó 4.948 solicitudes. Los expertos externos desempeñaron un papel fundamental en la tramitación del gran volumen de casos. En 2025, el instituto resolvió un total combinado de 192.629 solicitudes, tanto de primera como de segunda instancia.

Los miembros del personal completaron 89.167 de estos casos, lo que representa el 46,3 por ciento. Los expertos externos contratados para realizar trabajos específicos se encargaron de los 103.462 casos restantes, que constituyeron el 53,7 por ciento del total. Por lo tanto, los colaboradores externos realizaron más de la mitad de todos los exámenes finalizados. El personal interno del instituto aumentó durante el año, pasando de 155 expertos a principios de 2025 a 179 al final del año. El proceso comienza con la recepción de un caso, seguido de una evaluación inicial realizada por expertos y especialistas de diversas disciplinas. En esta etapa, se verifica la solicitud y la documentación médica adjunta, y se solicitan documentos adicionales si estos están incompletos.

Los casos se tramitan generalmente según la fecha de recepción. Sin embargo, se da prioridad a las personas que se encuentran en condiciones de salud muy precarias. Esta priorización se aplica principalmente a los pacientes oncológicos con diagnósticos graves, aquellos que están sometidos a quimioterapia o que se encuentran en fases terminales, teniendo en cuenta la esperanza de vida. Los auditores destacaron aspectos específicos relacionados con los procedimientos post mortem. Durante el período de auditoría en mayo, el instituto realizaba procedimientos de examen incluso después del fallecimiento de los usuarios, para todos los derechos solicitados. Antes del 27 de abril, el procedimiento para las prestaciones inclusivas se suspendía tras el fallecimiento del usuario.

Los auditores señalaron que, debido a que los exámenes de primera instancia a menudo se prolongaban más allá de los límites legales, incluyendo el plazo de 30 días que el Fondo de Seguros Sociales de Croacia tiene para tomar una decisión durante los procedimientos de inspección, esta demora dificultaba el ejercicio de los derechos. Las solicitudes de exámenes periciales se presentan al instituto por dos organismos principales: el Fondo de Seguros Sociales de Croacia y la Agencia de Seguros de Pensiones de Croacia. El mayor número de solicitudes de primera instancia sin resolver se refiere al derecho a las prestaciones inclusivas, al estatus de cuidador familiar o cuidador, y a las pensiones por discapacidad.

La definición de evaluación experta incluye la determinación de deficiencias físicas, intelectuales, sensoriales y mentales, discapacidad, capacidad funcional, nivel de apoyo y aptitud para el trabajo. Estas determinaciones son necesarias para el ejercicio de derechos en áreas como la atención social, el seguro de pensiones y otras. El informe de evaluación sirve como base para las opiniones cualificadas emitidas al instituto, y refleja los retrasos sistémicos observados durante el período de referencia.

Cómo se elaboró este reportaje. Noticias objetivas redactó este reportaje a partir de 3 artículos fuente, con síntesis asistida por IA según nuestra metodología. Es un texto propio, no una copia de ningún medio. Lee nuestra metodología.

Editor responsable: Matej Baša¿Has visto un error? Infórmanos

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La auditoría ha revelado problemas graves en los peritajes, principalmente relacionados con el complemento inclusivo

Una auditoría realizada por la Oficina de Auditoría del Estado emitió opiniones condicionadas tanto sobre los informes financieros como sobre el cumplimiento operativo del Instituto para Exámenes Periciales, Rehabilitación Profesional y Empleo de Personas con Discapacidad. Los auditores señalaron que los procedimientos de exámenes periciales frecuentemente excedían los plazos legalmente establecidos, impidiendo que las autoridades competentes emitieran decisiones dentro de los plazos requeridos. La mayoría de las solicitudes de primera instancia aún pendientes se refieren a derechos a complementos inclusivos, al estatus de cuidador y a pensiones por discapacidad, y fueron presentadas por el Servicio de Bienestar Social de Croacia y el Fondo de Seguro de Pensiones de Croacia. En 2024, el instituto tramitó 192.629 solicitudes, siendo que expertos externos se encargaron del 53,7 por ciento de los casos, mientras que el personal interno resolvió el 46,3 por ciento. El número de solicitudes de primera instancia aumentó significativamente debido a la implementación de la Ley de Complementos Inclusivos, con un incremento del 42,9 por ciento en comparación con 2023. A finales de 2025, se habían resuelto el 54,3 por ciento del total de 340.473 solicitudes de primera instancia, dejando casi la mitad pendientes.

Lectura del sesgo (Centro): El artículo se basa exclusivamente en datos objetivos y citas directas del informe de auditoría, sin utilizar lenguaje tendencioso ni omitir información contextual relevante.

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La revisión reveló: 155.653 solicitudes de peritaje permanecen sin resolver

Una auditoría realizada por la Oficina de Auditoría del Estado reveló que, al final de 2025, permanecían sin resolver 155.653 solicitudes de evaluación de discapacidad, y en la mayoría de los casos, los plazos legales ya habían expirado. El Instituto de Evaluación, Rehabilitación Profesional y Empleo de Personas con Discapacidad recibió una opinión con salvedades tanto en relación con los informes financieros como con el cumplimiento operativo. De las 340.473 solicitudes tramitadas durante el año, solo el 54,3 por ciento se resolvieron, dejando casi la mitad de los casos pendientes. El retraso afecta principalmente a las solicitudes de prestaciones inclusivas, de reconocimiento de la condición de cuidador y de pensiones por discapacidad, lo que provoca demoras en la concesión de los derechos que corresponden a los ciudadanos. Los auditores señalaron que el número de nuevas solicitudes aumentó un 42,9 por ciento en 2024, tras la introducción de la ley de prestaciones inclusivas, lo que ha ejercido una gran presión sobre la capacidad del instituto.

Lectura del sesgo (Progresista): El artículo destaca el fallo sistémico y los impactos negativos en los derechos de los ciudadanos más vulnerables, utilizando términos como "sin resolver" y señalando la incapacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones legales, lo que plantea el problema como una deficiencia en la gobernanza que requiere medidas correctivas.

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La auditoría reveló deficiencias: Los peritos se retrasaron, impidiendo que los ciudadanos ejercieran sus derechos

La Oficina de Auditoría del Estado emitió opiniones con reservas sobre los informes financieros y el cumplimiento operativo del Instituto de Evaluación Experta, Rehabilitación Profesional y Empleo de Personas con Discapacidad correspondientes al año 2025. Los auditores constataron que las evaluaciones expertas frecuentemente excedían los plazos legalmente establecidos, lo que impedía que otras entidades estatales emitieran decisiones dentro de los plazos requeridos. Esta demora afectó principalmente a las solicitudes de ayudas para la inclusión, el reconocimiento de cuidador y las pensiones por discapacidad presentadas por el Servicio de Bienestar Social de Croacia y el Fondo de Seguro de Pensiones de Croacia. En 2025, el instituto tramitó 340.473 solicitudes de evaluación de primer nivel, un aumento del 13,4 por ciento con respecto al año anterior, impulsado en gran medida por la introducción de la ley de ayudas para la inclusión. Los expertos externos resolvieron el 53,7 por ciento de todos los casos, mientras que el personal interno se encargó del 46,3 por ciento restante. A finales de 2025, el 45,7 por ciento del total de las solicitudes de evaluación de primer nivel seguían sin resolverse.

Lectura del sesgo (Centro): El informe se basa exclusivamente en los resultados oficiales de las auditorías y en datos estadísticos, sin utilizar lenguaje tendencioso ni omitir argumentos contrarios.

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