La política agrícola del gobierno colombiano ha sido criticada por no garantizar ingresos dignos para los productores rurales, a pesar de los esfuerzos por expandir el crédito y promover la producción. Un análisis reciente destaca que, si bien los niveles de producción han aumentado, la sostenibilidad financiera de los agricultores sigue siendo incierta. La cuestión central radica en si las políticas permiten a los productores recuperar sus costos, generar suficientes ganancias, apoyar a sus familias, cumplir con las obligaciones, reinvertir y permanecer en la agricultura.
Sin embargo, la rentabilidad depende de los ingresos después de deducir todos los costos reales, como semillas, fertilizantes, mano de obra contratada y familiar, maquinaria, combustible, transporte, alquiler, intereses, almacenamiento, seguros, impuestos, pérdidas y depreciación. Ignorar el trabajo familiar puede crear una imagen engañosa de la rentabilidad. Los informes gubernamentales a menudo enfatizan las hectáreas plantadas, las toneladas producidas, los créditos desembolsados, las exportaciones y los programas ejecutados. Estos indicadores son valiosos pero insuficientes. Colombia carece de un sistema público integral para rastrear, por región y cadena de suministro, cuánto queda realmente con el productor. Esta ausencia sugiere que los ingresos no han sido el foco de la política agrícola primaria.
El gobierno dirigido por el presidente Gustavo Petro amplió el acceso al crédito, promovió las compras públicas, apoyó proyectos productivos y abordó varias crisis. Sin embargo, el impacto en los ingresos de los productores y la viabilidad a largo plazo sigue sin estar claro.
Los agricultores se enfrentan a resultados impredecibles debido a factores como el clima, las plagas, las importaciones, los precios de venta, los descuentos al comprador y el aumento de los costos. 57 mil millones se normalizaron, lo que indica una creciente dependencia de la financiación en lugar de una mejora de la rentabilidad. Una debilidad clave en el enfoque de la administración Petro fue el crecimiento más rápido del crédito en comparación con las protecciones contra las pérdidas. Los proyectos se evaluaron en función de los fondos gastados y los beneficiarios alcanzados, no de su supervivencia más allá de las subvenciones. La contratación pública no se convirtió en un mecanismo confiable para absorber las cosechas. También faltó una red nacional de recolección, secado, almacenamiento en frío, información y transformación que involucrara a los productores.
Los costos también han aumentado de manera constante. 08% entre enero y julio de 2025. 965 mil millones. Estas cifras reflejan el éxito en ciertos sectores, particularmente el café, el plátano y el aceite de palma. Sin embargo, no indican una mejora de los ingresos para los productores de alimentos básicos como el arroz, la leche, las papas, el maíz u otros productos del mercado interno. El sector del arroz ejemplifica la brecha entre la producción y la rentabilidad. A pesar de los rendimientos más altos, muchos agricultores luchan por cubrir los costos de insumos y asegurar precios justos. Esta situación subraya el desafío más amplio: producir más no equivale a ganar lo suficiente. Sin mecanismos para garantizar un ingreso estable, la sostenibilidad de los medios de vida rurales sigue estando amenazada.
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