A finales de 2024, científicos y líderes académicos colombianos lanzaron una propuesta dirigida a establecer una biblioteca nacional de ciencias, buscando transformar la forma en que se accede y comparte el conocimiento científico en todo el país. La iniciativa fue encabezada por Luis Antonio Orozco, presidente de Avanciencia y profesor de la Universidad del Rosario, quien pidió la creación de una infraestructura centralizada para el conocimiento científico similar a las redes nacionales de carreteras o sistemas de comunicación digital. Este esfuerzo se produce en medio de crecientes preocupaciones por los altos costos de acceder a la literatura científica y la naturaleza fragmentada de los mecanismos de acceso actuales.
La propuesta se basa en conocimientos históricos sobre la sociología de la ciencia, en particular el trabajo de Robert Merton, quien describió cómo el conocimiento científico se difunde a través de sistemas de comunicación organizados, principalmente a través de revistas revisadas por pares. Estos sistemas han evolucionado con las contribuciones de figuras clave como la familia Elzevir, Julius Springer, John Wiley, Richard Taylor, William Francis y la editorial SAGE, que aseguraron que la investigación llegara a académicos e instituciones como universidades y sociedades científicas. Con el tiempo, estos editores desarrollaron modelos de negocios basados en suscripción, lo que condujo a la formación de oligopolios poderosos y rentables.
Los investigadores, revisores y editores a menudo trabajaban de forma voluntaria, confiando en la reputación en lugar de la compensación financiera como parte del sistema de recompensas que Merton describió. Históricamente, el acceso al contenido científico operaba dentro de un marco de libre mercado, donde los editores negociaban directamente con las bibliotecas para establecer precios y disponibilidad de contenido.
En 2017, Colciencias, el Ministerio colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación, inició un esfuerzo de colaboración con el Ministerio de Educación, Ascún y 19 universidades para formar el Consorcio Colombia. El objetivo era negociar tasas de suscripción más justas e incluir gradualmente a todas las organizaciones de investigación en todo el país. Esta iniciativa marcó un paso significativo hacia adelante, beneficiando a 67 instituciones hoy en día.
Posteriormente, el Ministerio de Ciencia bajo el presidente Gustavo Petro abandonó el proyecto durante un período crítico cuando la nación necesitaba una estrategia unificada para el acceso equitativo al conocimiento científico. Como resultado, surgió un sistema fragmentado e ineficiente, perpetuando las disparidades en el acceso a la literatura científica internacional. A pesar de estos reveses, el Consorcio Colombia ha logrado un progreso notable, generando economías de escala y facilitando acuerdos transformadores.
Esta configuración fomenta negociaciones más costosas, incluso si son menos beneficiosas para la comunidad académica en general. Si bien reconoce los logros de los individuos e instituciones involucradas, la propuesta destaca un problema estructural dentro del diseño institucional del propio Consorcio. La teoría económica, incluidas las ideas del premio Nobel Joseph Stiglitz, sugiere que los incentivos mal diseñados pueden conducir a comportamientos oportunistas, selección adversa y riesgo moral, lo que en última instancia aumenta los costos sociales y reduce la eficiencia del mercado.
El impulso de una biblioteca científica nacional representa un esfuerzo renovado para abordar estos desafíos sistémicos, con el objetivo de crear un marco más democrático y accesible para el conocimiento científico. Con los debates en curso y los posibles cambios de política, el futuro del acceso científico en Colombia sigue siendo incierto, pero cada vez más centrado en la reforma institucional a largo plazo.
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