Malacañang, la oficina presidencial filipina, respondió a una polémica prohibición de teléfonos celulares implementada por Dumanjug, Cebu, que prohíbe a los estudiantes llevar teléfonos a la escuela. La política requiere la confiscación de los dispositivos traídos a la escuela, con devolución solo al final del año académico. La funcionaria de prensa del Palacio, Claire Castro, reconoció la intención de la política de mejorar el enfoque en los estudios, pero declaró que el palacio no puede evaluar si la penalidad es razonable, enfatizando que la implementación recae en las escuelas locales. La política sigue recientes incidentes de violencia escolar, incluido un tiroteo mortal en una escuela en la ciudad de Tacloban y un apuñalamiento en la ciudad de San Carlos. Los funcionarios locales argumentan que la medida apunta a fomentar mejores entornos de aprendizaje y compromiso familiar.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta tanto la respuesta cautelosa del gobierno como la justificación de la administración local para la política sin favorecer abiertamente a ninguno de los dos lados.





