Desde hoy, 1 de julio, entra en vigor en Colombia el pago del recargo dominical del 90%, según lo establecido en la reforma laboral aprobada durante el mandato del presidente Gustavo Petro. Esta medida forma parte de la implementación gradual de la Ley 2466 de 2025, una de las principales conquistas del Pacto Histórico, coalición política que incluye al Partido Socialista, el Polo Democrático Actitud, el Partido Verde y otros actores.
Por ejemplo, si un trabajador gana el salario mínimo, que actualmente equivale a aproximadamente $7.959 pesos por hora, con el recargo aplicado, esa hora valdrá $15.842. Este aumento se aplicará inicialmente, pero en 2027 se elevará al 100%, lo que representaría un aumento aún mayor en la remuneración para quienes trabajan en esos días.
La reforma establece dos alternativas para abordar el trabajo en días de descanso. La primera opción es pagar el suplemento correspondiente, mientras que la segunda permite llegar a un acuerdo con el empleador para modificar el día de descanso obligatorio, siempre que no sea un domingo o un día festivo. En este último caso, el trabajador no recibiría el suplemento adicional. Sin embargo, hay excepciones: si se acuerda un horario continuo que no exceda de seis horas diarias y treinta y seis horas semanales, el trabajador recibirá su salario ordinario y mantendrá el derecho a un día de descanso remunerado.
Además de este cambio, desde el 15 de julio se reduce la jornada laboral en dos horas, pasando de 44 a 42 horas semanales. Esta medida está vinculada a la Ley 2101 de 2021, promovida por el ex presidente Álvaro Uribe antes de su salida del Congreso. También se menciona que en diciembre de 2025 se modificó la jornada nocturna, extendiéndose desde las 7 p.m. hasta las 6 a.m., con un recargo del 35%.
Los sectores más afectados por estas nuevas normativas son aquellos donde el trabajo en días festivos es común, como el comercio, los servicios, la logística, la vigilancia privada y las empresas de BPO, especialmente los call centers que operan las 24 horas.
Paralelamente, la reforma de las pensiones sigue siendo un tema pendiente. Aunque fue aprobada durante el gobierno de Petro, los cambios no han entrado en vigor debido a que la Corte Constitucional aún no ha decidido si su aprobación fue legal. La Corte tiene tres opciones: derrocar la reforma, aprobarla o devolverla al Congreso para su revisión. Si se opta por la tercera opción, el próximo presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien ha expresado descontento hacia la reforma, podría liderar una contrarreforma.
Este contexto muestra cómo las políticas laborales y sociales están en constante evolución, marcadas por debates entre diferentes grupos políticos y organizaciones. Mientras algunos celebran estos avances como progresos significativos, otros temen por sus implicaciones económicas y sociales.
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