El primer ministro Andrej Plenković se ha enfrentado a una creciente presión después de que su desestimación de las preocupaciones sobre el vertido ilegal de residuos en Lici fue recibida con fuertes críticas de los partidos de la oposición y los activistas ambientales. Según los informes, el tema se ha convertido en una crisis política, con llamados a la renuncia del gobierno y a una acción urgente para abordar los riesgos de contaminación en los sistemas de agua subterránea.
La controversia comenzó cuando los representantes de la coalición, incluidos los zastupnici de Saborski Mosta Zvonimir Troskot y Marin Miletić, reiteraron sus demandas de intervención inmediata. Acusaron al gobierno de no actuar lo suficientemente rápido y destacaron los peligros potenciales que representa la presencia de compuestos PFAS en aguas subterráneas. Troskot describió el vertido ilegal como una forma organizada de bioterrorismo contra Croacia y enfatizó que el riesgo se extiende más allá de la ciudad de Gospić a áreas como Gacka, Senj y la costa norte.
Criticó la respuesta del primer ministro Plenković como "PR venenosa", argumentando que la preocupación pública no era histeria sino una realidad fáctica respaldada por análisis independientes realizados por los propios ciudadanos. Troskot señaló que el Instituto Croata de Salud Pública (HZJZ) había desestimado las afirmaciones de que el agua en Gospić no había sido probada para los compuestos PFAS durante cinco meses. Llamó a este rechazo "insignificante" y enfatizó que la región en general necesitaba un monitoreo sistemático. Además, señaló que si bien las pruebas de agua no se habían realizado durante varios meses, la falta de supervisión consistente en toda la zona era más crítica que la ausencia de datos por sí sola.
Sus comentarios fueron respaldados por los relatos de residentes que informaron de olores desagradables en el agua y expresaron una creciente ansiedad por las implicaciones a largo plazo para la salud. Mientras tanto, las figuras de la oposición han intensificado sus llamados a la rendición de cuentas. Saborska zastupnica Drito Marija Selak Raspudić argumentó que el incidente debería servir como motivo para la renuncia del gobierno, advirtiendo que la situación actual podría marcar el comienzo del fin para la administración del primer ministro Plenković.
Selak Raspudić también criticó la falta de coordinación entre los grupos de oposición, señalando que la falta de respuesta inmediata a la convocatoria de una sesión extraordinaria del Parlamento podría conducir a divisiones internas dentro de la oposición.
El debate también ha llamado la atención sobre el papel de las autoridades locales y el sistema de gobierno más amplio. El ex alcalde de Gospić, Karlo Starčević, afirmó que no estaba al tanto del vertido ilegal de residuos durante su mandato y declaró que la propia ciudad no emite permisos para la eliminación de residuos, especialmente para materiales peligrosos.
Esto ha alimentado las acusaciones de que el aparato estatal no ha logrado hacer cumplir las regulaciones de manera efectiva, permitiendo que el problema persista sin control. Los activistas ambientales y los ciudadanos preocupados continúan exigiendo transparencia y acción. Algunos han pedido una investigación independiente sobre los orígenes de los residuos y las entidades responsables de su eliminación ilegal. Otros argumentan que la crisis pone de relieve fallas más profundas en la gestión de los recursos públicos y la priorización de los intereses económicos sobre la seguridad pública.
Los líderes de la oposición están instando a la unidad y la acción colectiva, mientras que el gobierno se enfrenta a un creciente escrutinio sobre su manejo de la crisis. Con la confianza pública erosionándose y las apuestas aumentando, el resultado de este conflicto probablemente dará forma a la dirección futura del panorama político de Croacia. Por ahora, la atención se centra en garantizar que las aguas contaminadas se aborden adecuadamente y que los responsables rindan cuentas.
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