La legislatura chilena aprobó una resolución instando al presidente José Antonio Kast a prohibir el uso del lenguaje inclusivo en los servicios públicos. La propuesta fue presentada por la Unión Demócrata Independiente (UDI) y apoyada por miembros de la coalición gobernante, incluidos el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido de la Gente (PDG). La medida fue aprobada con 85 votos a favor, 53 en contra y una abstención. Aunque enmarcada como una cuestión lingüística, los críticos argumentan que refleja un esfuerzo más amplio para reducir el reconocimiento estatal de identidades diversas. Esto sigue a la decisión del gobierno de Kast de no respaldar la declaración de la OEA sobre derechos LGBTIQ, lo que indica un alejamiento de los compromisos internacionales sobre la diversidad. Los partidarios de la resolución la describieron como un rechazo de la "ideología despierta" y la promoción de la neutralidad, pero los opositores la ven como una legitimación de la discriminación al excluir ciertas identidades del discurso oficial.
Lectura del sesgo (Izquierda): El artículo enmarca la acción legislativa como un intento de excluir a las identidades marginadas del reconocimiento estatal, utilizando un lenguaje crítico como "reducir la presencia del Estado en el reconocimiento de las diversidades", "neutralidad no es no tomar posición" y "legitimar".



