Morena, una alianza política liderada por el Partido de la Revolución Democrática, presentó una denuncia formal ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) contra dos diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez y Andrés Sánchez. La acusación se centra en la presunta existencia de un esquema piramidal de venta de enseres domésticos, disfrazado de programa social, en comunidades de Tlalpan y Xochimilco. Esta acción fue llevada a cabo por cuatro diputados morenistas: Paulo García, Brenda Ruiz, Ana Miguel Buendía y Macedo.
Según el informe, los legisladores morenistas acusaron a los diputados panistas de aprovechar su posición institucional para promocionar y vender productos como tinacos, cisternas, calentadores solares, colchones, lavadoras, laptops y pantallas. Estos artículos se ofrecían a los residentes de las colonias mencionadas, pero con precios iguales o superiores a los del mercado, lo que sugiere que no hay ninguna forma de subvención pública involucrada. Además, se señaló que la Asociación Civil Sumando Oportunidades, una organización sin fines de lucro, proporcionaba comisiones a los diputados por cada venta realizada, generando así una ganancia significativa para ellos.
Durante una declaración, Paulo García destacó que este tipo de actividad no solo representa un abuso de poder, sino que también viola el Artículo 134 de la Constitución mexicana, que prohíbe la promoción personalizada de un servidor público mediante cualquier medio de comunicación fuera de los períodos electorales. Según García, los diputados panistas utilizan su influencia y recursos oficiales para vender estos productos, lo que genera desconfianza entre la población y socava la credibilidad de la institución legislativa.
La denuncia incluye evidencia visual y textual, como publicaciones, videos y catálogos compartidos en plataformas digitales como Facebook, X y TikTok. En estas publicaciones, los diputados aparecen promoviendo los productos bajo frases como "apoyando a las vecinas y vecinos" y "a bajo costo para apoyar la economía de las familias".
Un punto clave de la denuncia es que el número de teléfono utilizado para contactar a los clientes coincide con el número oficial del módulo legislativo de la diputada Álvarez, registrado ante el Congreso de la Ciudad de México, lo que refuerza la sospecha de que los diputados están utilizando sus recursos oficiales para impulsar esta actividad comercial.
Aunque aún no ha habido una respuesta oficial por parte del IECM, la situación ha generado preocupación entre los ciudadanos y activistas, quienes consideran que esta práctica es una forma de corrupción encubierta.
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