Las autoridades mexicanas han arrestado a Ángel Aguirre, el ex gobernador del estado de Guerrero, por cargos de ocultar evidencia relacionada con la desaparición en 2014 de 43 estudiantes del Ayotzinapa Rural Teachers College. El caso se ha convertido en emblemático de la impunidad sistémica y la complicidad del estado en la violencia relacionada con el cártel. Los fiscales federales alegan que Aguirre ordenó la destrucción de las imágenes de las cámaras de seguridad y instruyó a los funcionarios a ocultar evidencia, con el apoyo de funcionarios estatales de alto nivel. Este arresto se produce después de arrestos anteriores de alto perfil en el caso, incluido el ex fiscal general Jesús Murillo Karam. A pesar de más de una década de investigación, las preguntas clave siguen sin resolverse, incluido el motivo de la mayoría de las víctimas y el destino detrás del ataque, que se sospecha está vinculado al tráfico de heroína.
Lectura del sesgo (Progresista): El artículo enmarca el caso como un fracaso sistémico que involucra a figuras políticas de alto nivel e instituciones estatales, haciendo hincapié en la corrupción y la colusión entre cárteles y autoridades.




