La Comisión Europea ha multado a Google con 890 millones de euros en virtud de la Ley de Mercados Digitales, acusando a la compañía de dar un trato preferencial a sus propios servicios en los resultados de búsqueda e imponer restricciones a los desarrolladores de aplicaciones a través de Google Play. La multa incluye 460 millones de euros por favorecer los propios servicios de Google en la búsqueda y 430 millones de euros por prácticas restrictivas en Google Play. Google puede apelar la decisión y debe modificar sus sistemas dentro de los 60 días, de lo contrario enfrentará más sanciones. La UE argumenta que tales prácticas distorsionan la competencia y perjudican a los consumidores al limitar el acceso a mejores productos. Google responde afirmando que la aplicación de la DMA perjudica a los productos cotidianos, eliminando características como precios en tiempo real y protecciones de seguridad, y acusa a la UE de actuar en contra de sus intereses.
Lectura del sesgo (Progresista): El artículo enmarca las acciones de la UE como una supervisión reguladora necesaria para proteger a los consumidores y promover la competencia leal, alineándose con políticas económicas progresistas.


