Un tribunal colombiano ha condenado a Harold Daniel Barragán Ovalle a 21 años y cuatro meses de prisión por su papel en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, una destacada figura política que fue asesinada el 7 de junio de 2025. La condena se deriva de la evidencia recopilada por la Fiscalía General de Colombia, que mostró que Barragán participó en la planificación del ataque a través de cuatro videollamadas. Fue declarado culpable de homicidio agravado, conspiración para cometer delitos, uso de menores para cometer delitos y posesión de armas de fuego.
El asesinato del senador Uribe Turbay conmocionó a la nación, ya que era una figura de alto perfil en la política colombiana y había sido considerado un posible candidato presidencial. Según los investigadores, el asesino era un menor que llevó a cabo el tiroteo bajo órdenes. Este adolescente, conocido por haber cometido robos y consumido drogas, carecía de experiencia con las armas, pero creía que sería recompensado después del acto. Sin embargo, no recibió ninguna compensación prometida.
Para evitar este resultado, Barragán asumió la responsabilidad de garantizar la seguridad del menor y su participación en la operación. Su cooperación con los fiscales condujo a un acuerdo de culpabilidad que redujo su sentencia en comparación con una posible pena máxima. Según la Fiscalía General, la evidencia presentada incluía registros detallados de la participación de Barragán en cuatro videollamadas que coordinaron acciones antes y después del ataque. Estas comunicaciones fueron cruciales para establecer su papel en la identificación del lugar donde tuvo lugar el asesinato. Los investigadores confirmaron que Barragán pertenecía a un grupo criminal con sede en Bogotá, especializado en homicidios selectivos y tráfico de drogas.
El asesinato del senador Uribe Turbay fue visto como otra asignación para esta red. Barragán Ovalle admitió formalmente su culpabilidad y aceptó los cargos en su contra. Como parte de su acuerdo con los fiscales, acordó cumplir su sentencia en prisión en lugar de buscar formas alternativas de castigo. Un juez negó su solicitud de arresto domiciliario e impuso una multa equivalente a 16.350 salarios mínimos mensuales en vigor para 2025.
La investigación sobre el asesinato ha descubierto múltiples capas de coordinación entre individuos vinculados al crimen organizado. Los fiscales enfatizaron que el uso de menores en tales actos violentos destaca la gravedad del delito y la necesidad de medidas más fuertes para prevenir incidentes similares. El caso ha llamado la atención sobre el tema más amplio de la participación de los jóvenes en actividades delictivas y los desafíos que enfrenta la policía para abordar estos temas de manera efectiva. Las autoridades continúan persiguiendo a otros sospechosos involucrados en el complot, incluidos los responsables de proporcionar el arma utilizada en el ataque y aquellos que pueden haber facilitado el escape de los autores.
El juicio de Barragán Ovalle ha sentado un precedente para cómo se manejarán tales casos en el futuro, particularmente con respecto al enjuiciamiento de individuos que orquestan crímenes que involucran a grupos vulnerables como menores de edad. La sentencia de Harold Daniel Barragán Ovalle subraya la complejidad de la investigación sobre el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. También refleja los esfuerzos en curso de las autoridades colombianas para responsabilizar a los involucrados en la violencia por motivos políticos.
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