El Parlamento libanés aprueba una amplia ley de amnistía para reducir el hacinamiento en las cárceles El parlamento libanés aprobó una ley de amnistía integral el miércoles, marcando un movimiento legislativo histórico destinado a aliviar el grave hacinamiento en las cárceles. Se espera que la medida, descrita como la primera de su tipo desde 1991, beneficie a miles de detenidos e individuos bajo investigación, ofreciendo alivio a aquellos que cumplen largas sentencias o que esperan juicio. La ley otorga una amnistía general y reduce la duración de ciertas sentencias, abordando los retrasos sistémicos en los procedimientos judiciales que han contribuido a la crisis.
La ley fue promulgada después de prolongadas discusiones entre facciones políticas, lo que refleja la creciente presión para reformar el poder judicial y abordar las preocupaciones de derechos humanos. Según el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2025, las prisiones del Líbano enfrentan una tasa de hacinamiento del 300 por ciento, con las autoridades registrando al menos 6.268 reclusos a fines de marzo. Esta cifra subraya la necesidad urgente de reformas legales para aliviar la carga del sistema correccional. Imad al-Hout, un destacado legislador que apoya la iniciativa, declaró que la ley reduce las sentencias de los condenados a la pena capital o cadena perpetua a 17 años de prisión.
En el Líbano, un año de prisión se cuenta como nueve meses, lo que significa que estas personas cumplirán aproximadamente 12 años y nueve meses antes de ser liberadas. La reducción se aplica tanto a los condenados a muerte como a los condenados a cadena perpetua, alterando significativamente sus perspectivas de futuro. La ley también ordena la liberación de los presos detenidos durante más de 12 años sin cargos formales, destacando el problema de la detención preventiva prolongada.
La medida ha despertado la esperanza entre las familias y grupos de defensa que buscan justicia y rehabilitación para los afectados. El momento de la ley coincide con cambios geopolíticos más amplios, especialmente el colapso del régimen de Assad en Siria a fines de 2024.
Las demandas políticas de amnistía se extienden más allá de las afiliaciones religiosas. En el este del Líbano, las comunidades asociadas con Hezbolá y sus aliados, como Amal, han buscado durante mucho tiempo perdones por delitos relacionados con las drogas y el robo de vehículos. Estas áreas, conocidas por el cultivo ilícito de cannabis, se han enfrentado a un escrutinio legal persistente, lo que llevó a los líderes locales a presionar por una acción legislativa. Mientras tanto, los partidos políticos cristianos han abogado por la inclusión de disposiciones de amnistía para los miembros del Ejército del Sur del Líbano (SLA), una milicia históricamente alineada con Israel.
Esta última ley de amnistía se hace eco de esfuerzos anteriores, como la legislación de 1991 que permitió a los antiguos señores de la guerra hacer la transición a la política sin enfrentar procesamiento por acciones de guerra. Sin embargo, a diferencia de las medidas anteriores, esta ley no aborda explícitamente la reconciliación o proporciona reparaciones para las víctimas de conflictos pasados.
Sin embargo, la aprobación de la ley señala un paso crítico hacia la solución de problemas sistémicos dentro del sistema judicial y de justicia penal del Líbano. El gobierno probablemente continuará con la implementación de la medida, centrándose en la liberación de los detenidos elegibles y asegurando el cumplimiento de los procedimientos legales. El impacto de esta decisión dependerá de la eficacia con la que la administración gestione los desafíos logísticos y administrativos que se avecinan.
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