La política de vivienda del gobierno español se ha paralizado debido al estancamiento político, con el último decreto-ley real enfrentando la oposición tanto de los socios de la coalición gobernante como de los partidos de oposición. Las medidas propuestas incluyen la extensión de los contratos de alquiler hasta mediados de 2028, regulaciones más estrictas sobre los alquileres a corto plazo y el aumento del IVA en las propiedades turísticas al 21%.
Lectura del sesgo (Progresista): El artículo enmarca el debate sobre la política de vivienda a través de la lente de las preocupaciones progresistas, destacando las críticas al enfoque del gobierno como insuficiente y sesgado hacia los propietarios.




