El fiscal jefe del Tribunal Nacional español, Manuel Martín-Granizo, ha criticado al Tribunal de Cuentas (TCu) por intentar retrasar o evitar la aplicación de la amnistía para los líderes del movimiento independentista de Cataluña ("procés"). En un informe publicado, argumentó en contra de reabrir los debates sobre el origen de los fondos malversados y consideró innecesario consultar a las partes sobre si los fondos de la UE se utilizaron para financiar la oferta de independencia, señalando que esto ya se ha descartado. El TCu había dado previamente a las partes involucradas diez días para presentar argumentos o información adicional sobre la financiación del "procés".
Lectura del sesgo (Progresista): El artículo enmarca las acciones del Tribunal de Cuentas como un intento de retrasar o evadir la implementación de la amnistía para los líderes de la independencia catalana, lo que se alinea con una perspectiva de izquierda que apoya la amnistía.


