El Consejo Constitucional francés ha dictaminado que la ley propuesta por el presidente Emmanuel Macron que prohíbe a los menores de 15 años el uso de plataformas de redes sociales es inconstitucional. El fallo, dictado el 14 de agosto de 2026, encontró que la medida violaba los derechos constitucionales de los jóvenes al imponer una restricción demasiado amplia a su libertad de expresión y comunicación. El consejo enfatizó que la ley tiene un carácter radical aplicado a los servicios de comunicación en línea cuyos riesgos para la salud y seguridad de los menores no se habían justificado. A pesar de este rechazo, Macron ha prometido revisar la legislación y presentar una nueva propuesta para la primavera de 2027.
La disputa comenzó a fines de julio de 2026, cuando un grupo de diputados socialistas y miembros del movimiento político La France Insoumise impugnaron la ley ante el Consejo Constitucional. Se centraron específicamente en el Artículo 1, que tenía como objetivo proteger a los menores de edad de la influencia de las redes sociales y la adicción potencial. Los jueces reconocieron la preocupación del gobierno por el bienestar de los niños, pero argumentaron que la prohibición era desproporcionada.
La ley, aprobada originalmente por una amplia mayoría en ambas cámaras del Parlamento, 279 votos a favor y 81 en contra, había buscado abordar las crecientes preocupaciones sobre la dependencia digital entre los jóvenes. Incluía disposiciones como una prohibición completa del acceso a las redes sociales para los menores de 15 años y restricciones al uso de teléfonos móviles dentro de las escuelas secundarias. Sin embargo, el fallo del Consejo Constitucional invalidó solo la parte relativa al acceso a las redes sociales, dejando intacta la política de teléfono escolar. Esta decisión marca un revés significativo para la agenda de Macron, que había enmarcado como un tema crítico de la civilización nacional. Macron, conocido por su estilo de liderazgo asertivo, no ha mostrado signos de retroceder.
Al enterarse del fallo, inmediatamente instruyó al primer ministro Sébastien Lecornu para redactar una versión revisada de la ley. La oficina del presidente confirmó que el nuevo texto debe estar listo para la primavera de 2027, aunque no se han publicado más detalles. El objetivo del gobierno parece ser encontrar un marco legal que equilibre la protección parental con los derechos constitucionales de los menores, evitando las trampas de la propuesta anterior. El intento de Francia de regular el acceso a las redes sociales para los menores sigue un modelo similar adoptado en Australia, convirtiéndolo en uno de los primeros países europeos en implementar tales medidas.
Sin embargo, la intervención del Consejo Constitucional pone de relieve los desafíos de legislar en un panorama digital en rápida evolución. El fallo subraya la tensión entre las preocupaciones de salud pública y las libertades individuales, un debate que continúa dando forma a las discusiones políticas en toda Europa. Además de rechazar la prohibición de las redes sociales, el Consejo Constitucional aprobó otras partes del proyecto de ley, incluidas las disposiciones relacionadas con el suicidio asistido para adultos con enfermedades terminales. Este doble resultado ilustra la complejidad del proceso legislativo, donde diferentes aspectos de una sola ley pueden enfrentar un escrutinio judicial variable.
El tribunal solicitó sólo pequeñas aclaraciones sobre la implementación de la cláusula de suicidio asistido, sugiriendo que la estructura más amplia de la ley era aceptable. Mientras tanto, el rechazo de la regulación de las redes sociales ha provocado un nuevo debate sobre la mejor manera de proteger a los jóvenes en la era digital sin infringir sus derechos.
★
Mantengamos las noticias honestas.
ObjectiveNews se financia con los lectores y no tiene anuncios: te mostramos el sesgo en lugar de ocultarlo. Apoya el periodismo independiente por 4 €/mes.
Hazte suscriptor