La defensa de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, ha presentado una queja alegando que el juez Juan Carlos Peinado está retrasando deliberadamente la devolución del pasaporte de Álvarez sin justificación. La defensa afirma que la Audiencia Provincial de Madrid ya había anulado las medidas cautelares impuestas por Peinado contra los tres acusados, incluida la incautación del pasaporte. Argumentan que esta demora constituye una restricción ilegal a un derecho fundamental (libertad de movimiento) sin fundamentos legales válidos. El asesor legal José María de Pablo critica la decisión de Peinado como un abuso de autoridad, alegando que viola la jurisdicción exclusiva asignada al Letrado de Administración de Justicia. La defensa insiste en que una vez que el tribunal superior revocó la medida cautelar, el pasaporte debería haber sido devuelto. En contraste, Peinado ha acelerado el proceso para que Begoña Álvarez y Begoña Álvarez concedan un pasaporte.
Lectura del sesgo (Progresista): El artículo enmarca la situación como una violación del debido proceso y los derechos fundamentales, enfatizando la mala conducta legal del juez y la urgencia de restablecer las libertades del acusado.





