Un ex alcalde de Linz, Klaus Luger, ha sido absuelto en un juicio por corrupción, marcando un cambio en el caso en su contra. El veredicto llegó el viernes en el Tribunal Regional de Linz, concluyendo que Luger no cometió fraude. Aunque la fiscalía había argumentado que sus acciones eran claramente incorrectas, el tribunal encontró que había actuado dentro de los límites legales. El caso surgió del asunto Brucknerhaus, que vio a Luger renunciar como alcalde de Linz en el verano de 2024.
En 2017, el liderazgo del lugar fue puesto a concurso, con Luger, entonces alcalde y presidente de la junta de LIVA, favoreciendo a Dietmar Kerschbaum, un amigo personal cercano. Antes del proceso de selección, Luger supuestamente pasó preguntas a Kerschbaum, quien finalmente ganó el puesto. En 2023, una alerta de denunciante surgió entre la junta de LIVA, lo que llevó a Luger a encargar un informe de expertos de 19,000 €. No reveló que él mismo era la fuente de la filtración. Para 2024, el problema se hizo público, lo que llevó a su renuncia. El fiscal alegó que Luger había abusado de su autoridad, causando daño financiero a LIVA a través de este acto.
Durante el juicio, el testimonio clave vino de un abogado que había asesorado a Luger como presidente de la junta de LIVA. Este abogado testificó que Luger se había revelado como un denunciante para él. Sin embargo, el abogado declaró que esta revelación no tenía relevancia criminal porque el proceso de licitación era privado en lugar de público. El abogado recomendó que Luger obtuviera una opinión de experto independiente para aclarar los aspectos legales de la situación. Luger admitió que no estaba seguro de si debía informar a la junta sobre los hallazgos del denunciante. Expresó su preocupación de que los opositores políticos pudieran explotar la información y difundirla en los medios de comunicación.
El tribunal determinó posteriormente que Luger había actuado razonablemente al buscar asesoramiento legal y se basó en esa orientación. Otros dos abogados prepararon los informes de expertos, que examinaron las implicaciones legales de la situación. Evaluaron si la información debería haber sido compartida (por Luger) o retenida (por Kerschbaum). Durante el juicio, estos abogados presentaron una declaración por escrito a LIVA, que el juez leyó en voz alta. Bajo las reglas de secreto profesional, no podían responder directamente a las preguntas del tribunal, sino que proporcionaron su análisis por escrito. El juez dictaminó que los informes de expertos eran necesarios y justificados.
La fiscalía concluyó que las acciones de Luger, aunque éticamente cuestionables, no cumplían con la definición legal de fraude. Los expertos señalaron que si hubieran sabido que Luger era el denunciante, habrían llevado a cabo un examen más exhaustivo, lo que habría aumentado los costos. En última instancia, el tribunal encontró que las acciones de Luger eran rentables y legalmente defendibles. La fiscalía tiene tres días para presentar una apelación.
El resultado deja a ambas partes esperando nuevos desarrollos.
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