CLEl artículo analiza el artículo 33 de una propuesta de ley de "megarreforma" en Chile, que establecería un régimen de inmunidad fiscal para ciertos inversores a través de contratos ejecutivos, eludiendo la revisión legislativa durante cinco mandatos consecutivos. El artículo argumenta que esta disposición viola los principios constitucionales al limitar la autoridad de la legislatura para enmendar o derogar leyes, un poder explícitamente otorgado en la Constitución. Critica los argumentos que defienden la medida como una continuación de un decreto de 1974, señalando que dicho decreto se promulgó durante la dictadura sin supervisión constitucional y nunca fue examinado por el Tribunal Constitucional. El autor afirma que si se aprueba, la disposición sería inconstitucional porque restringe la capacidad legislativa futura sobre la tributación, una función legislativa central. El artículo advierte que incluso si la medida no contradice directamente las disposiciones constitucionales, aún podría violar la Constitución al imponer una acción excesivamente onerosa en las condiciones legislativas.
Lectura del sesgo (Progresista): El artículo enmarca la cuestión como una violación constitucional por parte del poder ejecutivo, enfatizando la restricción de los poderes legislativos y la potencial ilegalidad del régimen de inmunidad fiscal propuesto.
