La aprobación del llamado proyecto de ley "Super RIGI", un nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones, ha provocado una controversia significativa entre los líderes industriales en la provincia de Chaco, Argentina. La medida, que recibió su primera aprobación en la Cámara de Diputados, ha recibido fuertes críticas de la comunidad industrial local, que sostiene que beneficiará desproporcionadamente a los grandes inversores extranjeros mientras deja a las pequeñas y medianas empresas (PYME) en desventaja.
Según Aldo Kastón, presidente de la Unión Industrial del Chaco, el régimen propuesto establece condiciones que no son realistas para que las industrias locales cumplan, excluyéndolas efectivamente de los beneficios ofrecidos a proyectos más grandes.
Kastón enfatizó que la iniciativa Super RIGI se centra en inversiones de hasta mil millones de dólares, una escala mucho más allá del alcance de la mayoría de las empresas locales. Señaló que si bien no hay nada inherentemente malo en atraer dicha inversión, la falta de incentivos fiscales para las PYMES crea un campo de juego desigual. Estos proyectos a gran escala recibirían exenciones fiscales y otros beneficios a los que las empresas más pequeñas no pueden acceder, lo que lleva a una situación en la que la carga de los impuestos recae únicamente en las empresas nacionales y provinciales. Esto, argumenta, socava la competitividad de las industrias locales y amenaza su supervivencia.
Otra preocupación planteada por Kastón es el potencial de estos grandes proyectos para importar equipos, suministros e incluso mano de obra desde el extranjero. Tales prácticas podrían reducir significativamente el impacto económico positivo dentro de las economías regionales, limitando las oportunidades para los proveedores y trabajadores locales. Advirtió que una vez que estos proyectos concluyan, podrían dejar atrás poco más que tierras vacías, ya que la infraestructura y la mano de obra aportadas probablemente partirían con la empresa. Esta dinámica, dijo, se asemeja a un modelo extractivo que ofrece pocos beneficios a largo plazo para las regiones que albergan las inversiones.
Además de criticar el marco Super RIGI, Kastón expresó preocupaciones más amplias sobre el estado del sector industrial de Argentina. Señaló que a pesar de las promesas del gobierno de recuperación económica, la actividad industrial continúa disminuyendo. Las industrias nacionales están cambiando cada vez más sus operaciones al extranjero, y el prometido resurgimiento de la manufactura aún no se ha materializado. Según él, el número de fábricas que cierran supera el número de nuevas empresas que se establecen, lo que resulta en una pérdida neta de empleo. Esta tendencia, argumentó, destaca la necesidad urgente de inversiones nacionales sustanciales y reformas políticas para revertir la espiral descendente de la producción industrial.
A pesar de algunos esfuerzos del gobierno provincial para aliviar la carga fiscal de las empresas locales, Kastón reconoció que estas medidas son insuficientes dadas las políticas nacionales más amplias que afectan a la industria. Destacó los desafíos que enfrentan las empresas que intentan recuperarse después del cierre, señalando que una vez que una empresa deja de operar, a menudo se enfrenta a obstáculos legales y dificultades financieras que hacen que el reinicio sea casi imposible.
En respuesta a estos desafíos, tanto la Unión Industrial del Chaco como la Unión Industrial Argentina han estado abogando por herramientas y mecanismos de apoyo específicos para sostener el sector productivo.
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