El máximo órgano constitucional de Francia, el Consejo Constitucional, se ha pronunciado en contra de una prohibición planificada de las redes sociales dirigida a niños menores de 15 años, citando violaciones de la libertad de expresión y los derechos de privacidad. La decisión se produce en medio de los crecientes esfuerzos globales para regular el acceso de los niños a las plataformas digitales, particularmente después de la introducción de restricciones similares por parte de Australia a principios de este año. La ley, aprobada por la Asamblea Nacional de Francia en julio, tenía como objetivo prohibir a las personas menores de 15 años crear cuentas de redes sociales a partir de septiembre y exigía que las cuentas existentes se cerraran en enero.
Las plataformas también tenían el mandato de implementar sistemas de verificación de edad aprobados por la autoridad de protección de datos de Francia. Sin embargo, el Consejo Constitucional rechazó estas disposiciones, afirmando que carecían de claridad sobre cómo debería llevarse a cabo la verificación de edad y no salvaguardaron la privacidad y la libertad de expresión de los usuarios. El fallo marca un revés para el presidente Emmanuel Macron, cuya administración había presionado por la medida como parte de reformas más amplias para combatir los impactos negativos de las redes sociales en la juventud. La decisión se hizo pública poco después de que el consejo revisara la ley, que había sido remitida por el primer ministro Sébastien Lecornu tras la aprobación parlamentaria.
El consejo enfatizó que los requisitos de la ley eran desproporcionados e insuficientemente protegidos los derechos individuales. La oficina de Macron respondió rápidamente, instruyendo a Lecornu para redactar una versión revisada de la legislación que aborde las preocupaciones del consejo. El presidente ha expresado su determinación de reintroducir la política antes de las próximas elecciones presidenciales de 2027, aunque actualmente no es elegible para postularse para un tercer mandato. El gobierno pretende finalizar una nueva propuesta y presentarla a los legisladores en los próximos meses. El debate sobre la regulación del acceso de los niños a las redes sociales ha ganado fuerza a nivel mundial.
Australia se convirtió en la primera nación en imponer tales restricciones en diciembre, prohibiendo a los usuarios menores de 16 años de las principales plataformas como Facebook, Instagram y TikTok. A pesar de la prohibición, los informes sugieren que muchos australianos aún usan estos servicios, destacando los desafíos en la aplicación. Otros países, incluidos Indonesia y Malasia, han introducido restricciones parciales, mientras que el Reino Unido se prepara para implementar medidas similares para menores de 16 años a principios de 2027.
En mayo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso un enfoque por etapas para limitar la exposición de los niños a las redes sociales, sugiriendo un "retraso" en el acceso basado en la edad. Si bien no especificó los umbrales de edad exactos, sus comentarios subrayaron el interés de la UE en equilibrar la innovación digital con la protección de los jóvenes. Las compañías de redes sociales se han opuesto en gran medida a las prohibiciones absolutas, argumentando que ya emplean mecanismos de verificación de edad y ofrecen controles parentales. Muchas plataformas establecen una edad mínima de 13 años para la creación de cuentas, que según ellos se alinea con los estándares internacionales.
Sin embargo, algunos críticos argumentan que estas medidas son inadecuadas y que se necesita una supervisión más sólida para evitar el acceso de menores de edad. Los legisladores franceses y los grupos de defensa siguen divididos sobre el tema. Algunos apoyan la prohibición como un paso necesario para proteger a los niños del acoso cibernético, la desinformación y los riesgos para la salud mental. Otros advierten que la ley podría ser poco práctica para hacer cumplir y plantear preocupaciones sobre la privacidad. El fallo del Consejo Constitucional ha añadido complejidad a la discusión, enfatizando la necesidad de marcos legales más claros y una mayor transparencia en los procesos de verificación de edad.
A medida que continúan las discusiones, el gobierno francés se enfrenta a la presión de conciliar sus ambiciones regulatorias con los principios constitucionales.
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