Cinco años después de tomar el control de Afganistán, el gobierno talibán continúa expandiendo su alcance diplomático, a pesar de no ser reconocido por la mayoría de las potencias mundiales.
A las niñas se les prohíbe asistir a escuelas secundarias, una política aplicada desde marzo de 2022, y a las mujeres se les prohíbe acceder a instituciones de educación superior, espacios públicos y ciertas profesiones. 4 millones de niñas han sido excluidas de la educación secundaria desde el regreso de los talibanes. Esta cifra representa un aumento de 200,000 en comparación con el año anterior y podría aumentar a casi cuatro millones para 2030 si persisten las tendencias actuales. La UNESCO ha instado a una reversión inmediata de estas restricciones, enfatizando que la educación es un derecho humano fundamental. La agencia destacó las graves consecuencias de la política, señalando que revierte dos décadas de progreso en la expansión del acceso a la escolarización para las niñas.
En 2001, el acceso a la educación para las niñas estaba fuertemente restringido, pero para 2021, casi un millón de niñas estaban inscritas en la educación secundaria. Ahora, bajo el gobierno de los talibanes, esta oportunidad se ha eliminado efectivamente para millones de mujeres jóvenes. El impacto se extiende mucho más allá de las aulas. Una encuesta patrocinada por el gobierno reveló que el 90% de los hombres afganos creen que las niñas deberían asistir a la escuela secundaria, y casi dos tercios consideran que es "piadoso" que los padres apoyen la educación de sus hijas. A pesar de este sentimiento público, las políticas de los talibanes continúan suprimiendo la autonomía femenina, limitando su capacidad de trabajar, moverse libremente y participar en actividades sociales.
La crisis educativa más amplia en Afganistán se ha profundizado, con más de la mitad de los niños en edad escolar primaria completamente fuera de la escuela. Más del 90% de los niños de 10 años luchan por leer textos incluso simples, según la UNESCO. Componiendo estos desafíos son la infraestructura inadecuada, incluida la falta de agua, saneamiento y calefacción en las escuelas, así como los frecuentes desastres naturales como los terremotos que han interrumpido los entornos de aprendizaje. Desde 2023, más de siete millones de afganos han regresado al país, lo que agrega más tensión a un sistema ya abrumado. Los observadores internacionales siguen divididos sobre cómo responder al gobierno de los talibanes.
Mientras que algunas naciones mantienen sanciones y aislamiento diplomático, otras buscan el diálogo, con la esperanza de fomentar una reforma gradual. Sin embargo, los talibanes han mostrado poca voluntad de comprometerse, insistiendo en que sus políticas se alineen con los principios islámicos. A medida que la situación evoluciona, las implicaciones a largo plazo para el futuro de Afganistán, tanto social como económicamente, siguen siendo inciertas. Por ahora, el enfoque sigue siendo en la lucha en curso por los derechos básicos, particularmente para las mujeres y las niñas, cuyo futuro pende de un hilo.
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