La detención de dos exfuncionarios de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina ha intensificado el escrutinio sobre el papel de la agencia en permitir que los viales de fentanilo contaminados lleguen a 54 hospitales y clínicas en todo el país. La investigación sobre posibles fallas regulatorias relacionadas con HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, dos compañías responsables de producir y distribuir fentanilo no conforme, ha descubierto evidencia que sugiere un fracaso sistémico para hacer cumplir los protocolos de seguridad.
De acuerdo con los documentos presentados ante el juez Ernesto Kreplak de La Plata, los fiscales alegan que ambos funcionarios, Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, deliberadamente retrasaron o ignoraron las medidas que podrían haber evitado las muertes causadas por la droga contaminada. El caso, que se remonta a más de un año, ha ganado peso adicional a medida que las nuevas pruebas apuntan a un "encubrimiento estatal", según el Ministerio Público.
Los cargos contra Bisio, que se desempeñó como administrador nacional de ANMAT hasta enero de este año, y Mantecón Fumadó, ex jefe del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta agosto del año pasado, incluyen acusaciones de que mantuvieron canales de comunicación privados con ejecutivos de laboratorios, influyendo así en las decisiones y ocultando información sobre inspecciones. Los fiscales afirman que estos funcionarios no actuaron sobre las advertencias que datan de 2023, a pesar de los informes internos que destacan los riesgos para la salud. Una pieza clave de evidencia involucra la eliminación de mensajes de WhatsApp por Mantecón Fumadó poco antes de dejar su cargo, lo que genera preocupaciones sobre la supresión de datos críticos.
Además, mientras que los departamentos técnicos dentro de Iname habían solicitado medidas contra HLB Pharma, el proceso se estancó durante 38 días bajo el liderazgo de Bisio, lo que permitió que la distribución de medicamentos potencialmente letales continuara sin control. Esta no es la primera vez que ANMAT se enfrenta a críticas por su supervisión regulatoria. Durante sus 34 años de operación, la agencia ha estado implicada en varios casos de alto perfil, incluida la importación no autorizada de efedrina que excede con creces las necesidades de producción doméstica, y la acumulación de archivos no resueltos que involucran a laboratorios que operan fuera de las pautas legales.
Su desempeño en el monitoreo de la seguridad alimentaria también ha sido criticado, especialmente después de la disolución del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) a principios de esta semana. Durante la pandemia, las decisiones sobre las aprobaciones de vacunas, como la autorización de emergencia de Sinopharm para niños de tres a 11 años, fueron criticadas por carecer de rigor científico y por estar influenciadas por consideraciones políticas en lugar de prioridades de salud pública. El reciente escándalo en torno al fentanilo contaminado ha expuesto aún más las debilidades de la agencia para salvaguardar la salud pública.
A pesar de las múltiples inspecciones y alertas emitidas por equipos internos, la advertencia pública se produjo solo cuatro meses después del descubrimiento inicial del problema. La demora permitió que los medicamentos afectados circulen ampliamente, lo que resultó en 90 muertes confirmadas y 41 lesiones graves. Los investigadores han encontrado que las condiciones dentro de las instalaciones de HLB Pharma eran inferiores a los estándares, con los trabajadores que, según los informes, entraban en el laboratorio con ropa interior y dejaban las puertas abiertas abiertas, creando un entorno propicio para la contaminación. Un ex empleado describió cómo el personal sabía que el producto estaba comprometido pero no tomó medidas correctivas, lo que indica una cultura de negligencia o complicidad.
Los fiscales argumentan que las implicaciones más amplias se extienden más allá de la mala conducta individual, apuntando a defectos estructurales dentro de ANMAT y posible colusión con poderosos intereses de la industria. El término "encubrimiento estatal" ha surgido como una acusación central, sugiriendo que las decisiones regulatorias fueron influenciadas por presiones externas en lugar de la adhesión a las normas médicas. Esto ha planteado preguntas sobre la independencia de la agencia y su capacidad para funcionar como un verdadero perro guardián. La investigación en curso continúa descubriendo nuevas capas de complejidad, con la posibilidad de implicar a funcionarios de alto rango, incluidos ministros de salud anteriores y actuales.
A medida que se desarrolla el caso, el enfoque sigue siendo determinar si los fracasos fueron incidentes aislados o parte de un patrón más amplio de corrupción institucional.
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