El gobierno federal recibió más de 21,000 correos electrónicos durante un período de consulta pública sobre cambios propuestos en la forma en que se evalúan los principales proyectos de infraestructura. La consulta terminó el miércoles, y el gobierno declaró que publicará un resumen de todas las presentaciones para fines del verano. La retroalimentación incluye 187 presentaciones escritas formales de una amplia gama de partes interesadas, incluidas comunidades indígenas, organizaciones ambientales, instituciones académicas, gobiernos provinciales y territoriales y municipios locales. Estas presentaciones se recopilaron después de que el plazo inicial se extendió varias veces debido a la presión de los críticos.
La consulta siguió a la publicación de dos documentos de discusión en mayo que describen varios cambios clave en el marco regulatorio que rige los grandes proyectos. Entre las propuestas estaba la idea de permitir que ciertos proyectos prosiguieran antes de someterse a una revisión completa, lo que podría simplificar los procesos de aprobación. Otra propuesta sugería eximir a algunos proyectos de las leyes destinadas a proteger las especies en peligro de extinción. Además, el gobierno propuso transferir la supervisión de proyectos de tuberías, líneas de transmisión y energía renovable marina de la Agencia de Evaluación de Impacto al Regulador de Energía de Canadá.
Este cambio se basó en afirmaciones de que la agencia carece de la experiencia necesaria en asuntos relacionados con la energía. Las partes interesadas expresaron su preocupación por las posibles implicaciones de estos cambios. La jefa nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, Cindy Woodhouse Nepinak, describió las propuestas como indicativas de un patrón más amplio de exclusión.
Los críticos argumentaron que tales zonas podrían socavar las protecciones ambientales existentes y conducir a una falta de rendición de cuentas. El proceso de consulta se enfrentó a un escrutinio sobre su cronograma. Inicialmente fijado para el 7 de junio, el plazo se extendió al 22 de julio después de críticas generalizadas, especialmente de grupos indígenas y ambientales. La extensión se debió en parte al reconocimiento del gobierno de que el plazo original era demasiado corto. A pesar de esto, algunas partes interesadas permanecieron insatisfechas. El Partido Verde presentó una crítica detallada, destacando las preocupaciones sobre la falta de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas.
La líder del Partido Verde, Elizabeth May, se acercó a altos funcionarios, incluido el ministro de Transporte, Steven MacKinnon, y el ministro de Asuntos Intergubernamentales, Dominic LeBlanc, solicitando sesiones informativas para los miembros del parlamento para asegurarse de que entendieran completamente las propuestas.
Algunos críticos argumentan que los documentos de discusión y las declaraciones públicas sugieren un compromiso con los derechos indígenas, sin embargo, las propuestas de políticas reales parecen ignorar o marginar esas voces. Un portavoz de la Oficina del Consejo Privado señaló que el gobierno participó en 24 reuniones con grupos indígenas, incluidas tres sesiones virtuales, y 27 reuniones de partes interesadas.
El informe final, una vez publicado, servirá como un punto de referencia crítico para los responsables políticos, los activistas y las comunidades afectadas que buscan claridad sobre la dirección de las políticas ambientales y energéticas federales.
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