El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) acordó dejar de realizar procedimientos relacionados con transgénero en menores de edad, según un informe exclusivo de The Daily Wire. El acuerdo marca otro paso en la campaña más amplia del DOJ contra lo que llama tratamientos "dañinos" de afirmación de género para niños. Bajo los términos del acuerdo, Connecticut Children's ya no ofrecerá bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal o intervenciones quirúrgicas destinadas a alterar las características sexuales de un niño. El hospital también contribuirá con $500,000 para proporcionar atención médica a las personas que se han sometido a tales procedimientos y luego los han revertido, conocidos como detransitioners.
El acuerdo fue anunciado después de meses de procedimientos legales y negociaciones. El DOJ, que ha estado persiguiendo activamente a múltiples hospitales en todo el país, citó preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar de los niños. En una declaración, el Fiscal General Asociado Stanley Woodward enfatizó que el DOJ continuaría aplicando leyes federales para salvaguardar a los menores.
La iniciativa del DOJ se basa en la orden ejecutiva del ex presidente Donald Trump de 2020, que instruyó a las agencias federales a reevaluar la legalidad de la atención de afirmación de género para menores de edad. Esa directiva llevó a un mayor escrutinio de las instalaciones médicas que ofrecen dichos servicios. Los esfuerzos actuales del DOJ incluyen acuerdos similares con el Texas Children's Hospital y la Cleveland Clinic Foundation. En ambos casos, los hospitales acordaron detener ciertos procedimientos y proporcionar compensación financiera a las familias afectadas. El DOJ elogió a la Cleveland Clinic por su cooperación durante la investigación, destacando su voluntad de trabajar con las autoridades para abordar el problema.
El departamento argumentó que estos procedimientos suponen graves riesgos para los menores y que no deben realizarse a menos que haya evidencia clara de daño. La decisión del hospital de llegar a un acuerdo en lugar de impugnar los cargos refleja la creciente presión sobre las instituciones médicas para alinearse con la postura del DOJ sobre el asunto. Expertos legales y grupos de defensa han expresado reacciones mixtas a los acontecimientos. Algunas organizaciones que representan a los padres y comunidades religiosas han acogido con beneplácito las acciones del DOJ, argumentando que las políticas protegen a los niños de intervenciones médicas potencialmente irreversibles.
Sin embargo, otros han criticado el enfoque por ser demasiado amplio y carecer de suficiente respaldo científico. Los críticos argumentan que el Departamento de Justicia está utilizando herramientas legales para suprimir la atención médica legítima para los jóvenes transgénero, a menudo sin evidencia adecuada de daño a largo plazo. El Departamento de Justicia también se ha comprometido a ampliar sus esfuerzos más allá de los hospitales individuales.
El DOJ ha declarado que continuará trabajando con funcionarios estatales para garantizar el cumplimiento de la ley federal y para proteger los derechos de los padres en la toma de decisiones médicas para sus hijos. A medida que el DOJ continúa su campaña, más hospitales y clínicas pueden enfrentar demandas similares para ajustar sus políticas. El resultado de estas acciones legales podría moldear futuras regulaciones en torno a la atención de afirmación de género en los Estados Unidos, influyendo tanto en la práctica médica como en la política pública. El enfoque sigue siendo garantizar que todas las partes se adhieran a los marcos legales mientras abordan las complejas consideraciones éticas y médicas que rodean el tratamiento para los jóvenes transgénero.
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