Otra crisis de liderazgo de la UCT: 34 quejas, hallazgos secretos y un VC en la corte El profesor Mosa Moshabela, vicecanciller de la Universidad de Ciudad del Cabo, ha llevado al propio consejo de la universidad al Tribunal Superior del Cabo Occidental, alegando que sus decisiones eran ilegales. La disputa se centra en una investigación de 34 quejas de personal y estudiantes de la UCT sobre su conducta. Según los documentos judiciales, el Consejo de la UCT concluyó que no se procedería a ninguna acción disciplinaria, pero señaló que el informe de los investigadores planteó "ciertas preocupaciones" sobre el comportamiento de Moshabela.
La controversia se ha profundizado con la orden del consejo de una nueva investigación sobre un incidente que involucró la entrada no autorizada en la casa de una académica. Moshabela asumió el cargo en agosto de 2024. Menos de un año después, el 30 de junio de 2025, el miembro del Consejo de la UCT, Malcolm Campbell, le informó que el ombud de la universidad, Nashira Abrahams, había recibido 21 quejas del personal con respecto a sus interacciones con ellos. En ese momento, Campbell sugirió que podría ser necesaria una investigación independiente. Para diciembre de 2025, el ombud había registrado 39 "visitas" relacionadas con Moshabela, con ocho marcadas como cerradas y 31 como abiertas.
Estas cifras se refieren al estado de los asuntos en los registros del Defensor del Pueblo, no si las acusaciones fueron corroboradas. Los registros del Defensor del Pueblo no revelan las identidades de los denunciantes, aunque a menudo incluyen información sobre su raza, género y estatus laboral. Más del 70% de las quejas contra Moshabela fueron hechas por mujeres, predominantemente africanas. Dos tercios de los casos involucraron personal profesional, administrativo y de apoyo, mientras que seis miembros de la facultad involucrados y cinco estudiantes involucrados. La mayoría de estos asuntos fueron clasificados bajo "Relaciones Evaluativas", un término utilizado para describir conflictos en los que una parte tiene autoridad gerencial o de supervisión sobre otra.
Esta categoría puede incluir acusaciones como abuso de poder o acoso, así como disputas sobre evaluaciones de desempeño. Seis de los asuntos abiertos fueron categorizados de manera diferente: tres fueron marcados como acoso sexual, dos como discriminación cultural y uno como discriminación basada en el género. En estos casos, el Defensor del Pueblo optó por no revelar detalles específicos, incluida la raza, el género o el estatus laboral, por temor a que dicha información pudiera permitir a Moshabela identificar a los denunciantes. Los documentos judiciales no proporcionan información sobre la naturaleza de la supuesta mala conducta en estos casos.
Los abogados senior Alex Freund SC y Tanya Golden SC fueron nombrados para liderar la investigación en febrero de 2026. En un mes, tres denunciantes adicionales se presentaron, lo que provocó una expansión del alcance de la investigación. La investigación estaba destinada a llevarse a cabo de manera confidencial, con las identidades de los denunciantes protegidas a menos que los revelaran voluntariamente. Sin embargo, el proceso no concluyó sin más complicaciones. La batalla legal en curso destaca la complejidad de administrar investigaciones internas y mantener la integridad institucional. Si bien la universidad ha emitido declaraciones confirmando que los procedimientos legales están en curso, se ha negado a comentar los detalles del caso.
La situación pone de manifiesto los desafíos a los que se enfrentan las instituciones de educación superior a la hora de abordar las denuncias de mala conducta entre los altos directivos, en particular en entornos en los que la transparencia y la rendición de cuentas son primordiales.
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