El decreto, emitido bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella, activa los protocolos de emergencia y extiende el estado de emergencia por hasta 12 meses, con posibilidad de renovación. La declaración se hizo durante los primeros días del mandato del nuevo gobierno, que tuvo que cambiar su enfoque por completo para abordar la crisis después del terremoto que devastó la infraestructura y se cobró más de 71 vidas, 40 en Risaralda, 27 en Valle del Cauca y cuatro en Chocó.
El decreto, número 1171 de 2026, no asigna nuevas funciones al Ministerio de Transporte o a sus entidades afiliadas, sino que activa el régimen especial descrito en la Ley 1523 de 2012.
Cada entidad dentro del sector debe presentar evaluaciones de daños y análisis de las necesidades de sus respectivas áreas, lo que significa que la emergencia abarca no solo la reparación de carreteras dañadas sino también la restauración de todos los modos de transporte. La Autoridad Nacional de Carreteras (Invias) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tienen la tarea de priorizar la evaluación de daños y la rehabilitación de la infraestructura vial nacional, tanto concesionada como no concesionada. Se prestará especial atención a las carreteras cerradas y puentes afectados. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte ya ha comenzado a rehabilitar la ruta de San José del Palmar en Chocó.
Mientras tanto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) apoyará el movimiento seguro de vehículos de emergencia y humanitarios a través de las carreteras afectadas. La Autoridad de Aviación Civil (Aerocivil) debe evaluar las condiciones operativas y de seguridad de los aeropuertos en las zonas impactadas, particularmente aquellos que muestran daños estructurales. También deberá establecer los corredores aéreos necesarios para el transporte de ayuda y la realización de evacuaciones médicas. La Superintendencia de Transporte supervisará a los operadores involucrados en la respuesta a emergencias, asegurando la continuidad de los servicios de transporte público en las regiones afectadas.
La financiación para los esfuerzos de recuperación provendrá de la subcuenta SISMO 2026 del Fondo Nacional de Riesgo de Desastres. Las solicitudes de recursos relacionados con el sector deben presentarse a través de este canal. Además, las personas registradas en el Registro Unificado de Víctimas (RUD) compilado por la UNGRD serán consideradas víctimas a los efectos de las medidas de socorro. En Medellín, Coopebombas ha desplegado 8.200 taxis gratuitos para ayudar con el transporte durante la emergencia. El sistema de movilidad de la ciudad se enfrentará a una mayor presión, especialmente en torno a los principales días festivos, lo que genera preocupaciones sobre la gestión del tráfico y la congestión.
La situación pone de relieve la presión sobre la infraestructura urbana y la necesidad de una planificación coordinada para mantener los servicios esenciales. La declaración de un desastre nacional se produce en medio de desafíos más amplios que enfrenta el gobierno. El país está experimentando limitaciones financieras, con fondos limitados disponibles en la tesorería. La UNGRD, una institución clave en el manejo de emergencias, carece de un director permanente y se ha visto envuelta en escándalos de corrupción relacionados con la malversación de fondos. Expertos como Juan Carlos Orrego enfatizan la importancia de tener instituciones y leyes sólidas que se apliquen, como los códigos de construcción para la resistencia sísmica, que muchas estructuras colapsadas no pudieron cumplir.
La crisis actual pone de manifiesto la necesidad urgente de una reforma institucional y el cumplimiento de las regulaciones establecidas para prevenir futuras catástrofes.
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